Publicado: octubre 16, 2026, 12:07 pm
A 44 días de la celebración de las elecciones generales, el Gobierno ha iniciado la tramitación de un nuevo real decreto de universidades tras tumbar el Tribunal Supremo el que fue aprobado el año pasado por «falta de justificación en su tramitación urgente». El Ministerio que dirige Diana Morant ha abierto un proceso de consulta pública de aquí hasta el día 30 para modificar un proyecto de 2021 sobre creación, reconocimiento y autorización de campus, más conocido como la ley antichiringuitos.
La semana pasada, el Alto Tribunal dio un varapalo al Ejecutivo al anular la norma destinada a endurecer los requisitos para crear y autorizar universidades privadas en España. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó que el Gobierno elaboró y aprobó el decreto por la vía de urgencia sin estar «debidamente justificado». Sentenció que su intención de publicarlo para entrar en vigor en el curso académico 2025/2026 obedecía más a «una voluntad política» que «a una causa objetiva que acredite una urgencia».
Además, se omitió el trámite de consulta previa, por lo que «carecía del amparo legamente exigido», según el Supremo. Ahora el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se ha cuidado de publicar en su web la consulta pública, aunque insiste en que «la necesidad de la intervención normativa es apremiante» y en que «la aprobación de esta reforma no admite demora». ¿Por qué?
«De mantenerse el régimen actual, podrían seguir reconociéndose y autorizándose proyectos universitarios que no acrediten suficientemente los requisitos académicos, docentes, investigadores y de sostenibilidad institucional que deben caracterizar a una universidad», asegura.
Fuentes del Ministerio no concretan si el nuevo decreto se va a tramitar también de forma urgente, como el anterior, o qué cambios van a realizar. Insisten, eso sí, en la urgencia y recalcan que «el Supremo no entra en el fondo, sino en la forma». Ya cuando se pronunció el Supremo anunciaron que estaban trabajando en una nueva norma para poder aprobarla lo antes posible, «dentro del marco que establezca la resolución judicial y con todas las garantías jurídicas».
Este decreto fue polémico desde el principio porque se entendió como una forma de acabar con los centros privados. Incluso la privada encomendó ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapateromediar con el Gobierno para suavizarlo y fue aprobado en octubre de 2025 con muchas pegas por parte de los ministerios de Economía y Trabajo, así como por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Consejo de Estado también advirtió de que podría vulnerar la libre circulación de trabajadores y la libertad de prestación de servicios. También se opuso la mayoría de comunidades autónomas, no sólo las del PP sino también el País Vasco (PNV) y Castilla-La Mancha (PSOE).
Al ser un real decreto, no debe ser validado por el Congreso de los Diputados, pero en época preelectoral no tiene mucho sentido iniciar la tramitación de legislación que después, gane quien gane, se queda en un limbo. El Gobierno tiene, de hecho, un decreto gemelo a éste que también es un freno a la universidad privada y que regula las carreras, acabando con la oferta online. Y hay un tercero del Ministerio de Educación contra los centros privados de Formación Profesional. Una ofensiva en toda regla para movilizar a la izquierda en la recta final de la legislatura.
