Publicado: octubre 20, 2026, 12:08 pm
El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros dos importantes medidas en el ámbito de la Seguridad Social. Por un lado, ampliará la pensión de viudedad a las parejas con hijos en común que hayan convivido al menos dos años antes del fallecimiento, aunque no estén casadas ni registradas como unión de hecho. Y, por el otro, mejorará la prestación que perciben los trabajadores de baja laboral provocada por catástrofes naturales.
Así lo ha confirmado este martes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que el Ejecutivo ha aprobado otras medidas de componente social que benefician a las víctimas de violencia de género, las mujeres con menopausia incapacitante o a las familias con hijos con cáncer.
Saiz ha destacado que el real decreto ley que desarrolla estas medidas, que deberá ser convalidado más adelante en la Diputación Permanente, es el resultado de «meses de diálogo social» y que «amplía derechos», «refuerza la protección de las familias» y «da respuesta a situaciones que requieren una cobertura más adecuada».
En lo tocante a la ampliación de la pensión de viudedad, las parejas que hasta ahora estaban excluidas de la prestación al no estar registradas públicamente podrán solicitarla desde la entrada en vigor del decreto, previsiblemente el miércoles. Para acreditar la convivencia bastará con demostrar dos años de empadronamiento en la misma residencia.
Además, esta posibilidad se amplía a todas las personas que hayan perdido a su pareja antes de la aprobación del real decreto ley. El Gobierno ha habilitado un plazo de un año para que los afectados puedan solicitar la prestación siempre y cuando cumplan el resto de requisitos.
En España hay registradas un total de 1.461.769 personas que perciben pensiones contributivas de viudedad, de las cuales el 95,6% corresponden a mujeres. La gran mayoría, viudas mayores de 65 años para quienes esta renta a menudo es su único sustento.
La cuantía de la viudedad es modesta, apenas alcanza los 976,3 euros mensuales en 14 pagas, frente a los 1.374 de la pensión media del sistema o los 1.576 que cobran los jubilados. Esto se debe a que la cuantía de la prestación oscila entre el 56 y el 70% de la base reguladora del fallecido (algo parecido al salario que cobró el fallecido). En cambio, en las pensiones de jubilación es frecuente cobrar el 100% de esa base reguladora
Mejores prestaciones para las víctimas de catástrofes
Además, la norma aprobada este martes introduce un cambio en la Ley General de Seguridad Social que habilita al Gobierno a aumentar la protección para los afectados de catástrofes como las danas, accidentes ferroviarios o pandemias. Así, los trabajadores que sufran una baja laboral debido a la catástrofe, o que se vean incapacitados permanentemente verán mejoradas sus prestaciones porque se asimilará la situación a la derivada de un accidente de trabajo.
En el caso de las bajas laborales ordinarias (incapacidad temporal), esta mejora se traduce en que cobrarán la prestación desde el primer día -no tendrán que esperar los tres días de carencia- y además lo harán en una cuantía mayor durante los 16 primeros días de prestación.
En lo que respecta a la incapacidad permanente, el tratamiento como accidente de trabajo elimina la obligación de haber cotizado a la Seguridad Social previamente y además incrementa la pensión entre un 30 y un 50% según la gravedad de lo sucedido.
Además, este mejor tratamiento afecta también mejora las prestaciones que reciben los familiares de fallecidos por estas catástrofes. Hablamos de la pensión de viudedad, de orfandad, en favor de familiares o el auxilio por defunción. En estos casos también se suprime el requisito previo de haber cotizado a la Seguridad Social, la prestación se abona en 12 meses en lugar de en 14 y se concede indemnizaciones especiales a los viudos y huérfanos.
Interrogada por el coste fiscal y el margen presupuestario de que dispone el Gobierno para aprobar estas medidas, la ministra portavoz se ha limitado a señalar que el Ejecutivo «está demostrando que es perfectamente compatible extender la acción protectora con gobernar con responsabilidad y rigor fiscal».
