Publicado: julio 16, 2026, 1:07 am
Junts también alberga muchas dudas en relación con la llamada ley de nietos, la que concede la nacionalidad española, y con ella el derecho a votar, a los descendientes de españoles que salieron de España huyendo de la guerra y la dictadura franquista. La formación independentista catalana considera que el proceso, amparado en la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022, no está claro y, menos aún, las consecuencias que pueda tener en los resultados de futuras confrontaciones electorales.
En este sentido, ha registrado en el Congreso una tanda de preguntas para las que requiere al Gobierno respuesta por escrito y ha solicitado un buen número de datos y documentos referidos no sólo a ese proceso de nacionalización sino también al de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno. El objetivo es saber cuántos nuevos electores se asignarán a Cataluña como consecuencia de la ley de nietos y cuántos inmigrantes regularizados podrán en el futuro conseguir también la nacionalidad tras residir en España los años oportunos.
En relación con la Ley de Memoria Democrática, de la que deriva la concesión de nacionalidad a los descendientes de españoles residentes en el extranjero, la preocupación del partido independentista se centra fundamentalmente en la asignación de municipio que se da a cada uno de los nuevos nacionalizados para que puedan ejercer su derecho al voto.
Junts quiere aclarar si el municipio propuesto por la persona interesada en su solicitud de inscripción en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) se incorpora «automáticamente» o «es objeto de una comprobación administrativa previa» y, en este caso, qué órgano es competente para llevarla a cabo y cuál es el que adopta la decisión definitiva de adscripción electoral.
La formación independentista quiere saber, además, si existen «instrucciones, circulares, protocolos, criterios internos o cualquier otro documento que regule la comprobación de la propuesta de municipio formulada por la persona interesada» y, finalmente, «la determinación del municipio o provincia en la que podrán ejercitar su derecho al voto». Si dichos documentos existen, los neoconvergentes reclaman al Gobierno una copia de los mismos.
Igualmente, la diputada Marta Madrenas, pregunta al Ejecutivo en «qué supuestos puede la Administración no aceptar el municipio propuesto por el interesado y asignarle uno diferente», «qué criterios se aplican cuando el afectado acredita tener vínculos con más de un municipio o provincia» y «qué documentación se considera suficiente para justificar el municipio propuesto por el solicitante de nacionalidad».
Las explicaciones que reclama Junts coinciden con las dudas que el PP también ha expresado respecto al proceso de nacionalización de descendientes de españoles, máxime cuando el número de solicitudes previstas es muy alto y, en caso de que buena parte de los nuevos nacionales finalmente ejercieran el derecho al voto, ello podría tener un impacto directo sobre elresultado electoral de determinadas provincias.
Por ello, el partido de Puigdemont reclama al Gobierno datos precisos respecto al número de solicitudes presentadas, el número de expedientes admitidos a trámite, los resueltos favorablemente, los denegados, los pendientes de resolución y el número de inscripciones en el Registro Civil ya practicadas. Consideran que, más allá de la relevancia que tiene la mera tramitación, «requieren de una adecuada planificación de los recursos administrativos necesarios para su gestión y pueden tener efectos futuros sobre diferentes situaciones jurídicas derivadas de la residencia legal y de la adquisición de la nacionalidad española».
Además, pide que estos datos, se desglosen por el país de residencia de los solicitantes y que se aclare cuántas de las personas que han adquirido la nacionalidad española con arreglo a la ley de 2022 tienen fijada su residencia en España y cuántas siguen residiendo en el extranjero.
Respecto al proceso de regularización extraordinaria de extranjeros, Junts quiere saber también el número de solicitudes presentadas, las admitidas, las pendientes y las denegadas. Estos datos se piden al Ministerio del Interior, referidos al conjunto del Estado, al conjunto de Cataluña y desglosados, además, por las demarcaciones de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, e igualmente piden conocer las nacionalidades de procedencia y cuántos son de cada una.
Además, reclaman saber cuántas personas, por proceder de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o ser de origen sefardita, «pueden solicitar la nacionalidad tras cinco años de residencia legal»; cuántas pueden pedirla también al cabo de cinco años por tener reconocida la condición de refugiado y cuántas pueden hacerlo al cabo de diez años. Todos estos datos se reclaman desglosados por cada una de las cuatro circunscripciones catalanas.
