Publicado: julio 15, 2026, 8:08 pm
Buena parte de los funcionarios no participan del circuito de la sanidad pública, disfrutan de un seguro concertado que se remonta a muchas décadas atrás. Hablamos de las mutualidades que, en el pasado, funcionaban como un seguro obligatorio en un sistema donde el empleado iba realizando aportaciones periódicas para cubrirse ante contingencias como enfermedades, accidentes…
En España, dentro del sector públicos todavía sobreviven tres grandes grupos de mutualidades: Muface, para funcionarios civiles del Estado; Isfas, para militares y guardias civiles y Mujeju; para el personal de la Administración de Justicia.
El resto de funcionarios están adscritos al Sistema Nacional de Salud. Las mutuas surgieron mucho antes que el Sistema Nacional de Salud, pero los diferentes gobiernos han decidido mantenerlas a pesar de que la viabilidad del modelo es cuestionada periódicamente, sobre todo cuando toca renovar el concierto.
Quién costea estas mutuas pues principalmente el Estado a través de dinero público, partida que se ve complementada con las aportaciones periódicas que hacen los propios funcionarios y que son descontados de su propia nómina. Esta situación ha generado mucha controversia, dado que hay quienes ven en este beneficio una discriminación y consideran que sería más justo que todos los funcionarios acudieran a la sanidad pública.
La Información Económica lanza este nuevo episodio de ‘Economía Indiscreta’, una serie de contenidos audiovisuales de carácter divulgativo con la que buscamos contribuir al debate público-económico. En el anterior, publicado hace justo una semana, se abordaba el funcionamiento del sistema bancario con la pregunta de porqué las entidades solamente disponen de una parte de los ahorros de sus clientes.
