Publicado: julio 15, 2026, 1:07 am
La regularización masiva de personas migrantes residentes en España impulsada por el Gobierno tendrá un nuevo obstáculo, tal como alertan agentes expertos en Extranjería. El problema de un «colapso» ante la segunda parte del proceso -una vez estén regularizados los peticionarios- inquieta tanto a los mandos policiales que incluso han alertado ya al Ministerio del Interior.
Hacer las tarjetas de identificación de los ciudadanos extranjeros (TIE) será, según las mismas fuentes, una trámite «agónico» tanto para los peticionarios como para los agentes de las brigadas de Extranjería por el volumen de trabajo, la falta de medios humanos y técnicos, y la entrada de las mafias en la ecuación. Altos mandos policiales advierten de que la formalización de la situación de legalidad de los extranjeros será muy complicada y lamentan, una vez más, la «falta de previsión del Ministerio».
Fuentes conocedoras del sistema alertan de la intervención de ingenieros informáticos que reservan citas para, posteriormente, venderlas por cantidades que van desde los 100 hasta los 2.000 euros. Cuando se realiza el pago, los delincuentes introducen sus datos y formalizan la reserva. De esta manera, las citas aparecen en el sistema como si ya estuvieran reservadas -a la espera de ser vendidas-, impidiendo así el acceso a ellas de otros extranjeros. «Esta práctica contribuye y agrava el colapso del sistema», razonan.
Insisten los mandos en que la Policía Nacional va a carecer de capacidad para asumir las más de 1.200.000 personas que legalizarán su situación en España, y en que el departamento de Fernando Grande-Marlaska es «plenamente» consciente del escenario que se abre a partir de ahora. Será cuando el Ministerio de Migraciones -que es quien, según denuncian los jefes policiales, se han hecho cargo del proceso de regularización- pase los expediente a la Policía para que se realicen las tarjetas de identificación.
El hecho de que, según los altos mandos, se les haya apartado del proceso «deliberadamente» para ponerlo en manos del área de Elma Sáiz ha causado un profundo malestar. Esta decisión, a su juicio, debilita los mecanismos de verificación de autenticidad documental sobre las personas que están en el proceso y abre la puerta, advierten, a una comprobación errónea, por ejemplo, de los antecedentes penales. La confusión sobre quién se iba a ocupar de tramitar los expedientes ha sido una constante desde que Pedro Sánchez anunció en febrero la medida. La intervención de las brigadas de Extranjería queda reducida pues, según las mismas fuentes, a tareas meramente administrativas. «La Policía se limitará a documentar las tarjetas validadas por Migraciones».
Y en ese trámite es donde los agentes van a encontrar «numerosas» trabas por la «incapacidad del sistema» que, indican las mismas fuentes, «no va a soportar la cantidad de trámites». A este aspecto se suman las previsiones de los altos cargos de Extranjería consultados por este periódico, de que España asumirá tres millones de inmigrantes en situación legal con sus familias en un año a través del proceso de regularización extraordinario, lo que complica más la situación.
El cálculo de los jefes del área está basado en el efecto de las reagrupaciones familiares que prevén que soliciten los 1.200.000 peticionarios. Temen que las mafias vean un filón en las reagrupaciones familiares que, precisan, dinamitarán de nuevo las previsiones. «Pueden darse casos en los que personas de países extranjeros paguen a quienes estén ya en situación legal para que les dejen hacerse pasar por familiares como un hijo o unos padres. Es decir, pagar por papeles y certificados. Ahora ya se ven casos así, en los que incluso traen a testigos, pero se detecta rápidamente porque no son tantos solicitantes».
La Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional alertó desde el principio del escenario que el Ejecutivo central le puso enfrente. Se lamentó de no haber recibido directrices sobre cómo afrontar esta reforma estructural, calificada por el Gobierno como una «urgencia social», e incluso redactó un contundente informe en el que dejaba clara su total desconfianza hacia el proceso y negaba, con datos, la «urgencia» en la que se apoyaba Pedro Sánchez.
El documento lo firmaba el comisario jefe central de Operaciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, Alfredo García Miravete, quien además advertía de «efectos negativos significativos» como la «desconfianza social».
