Publicado: mayo 13, 2026, 10:07 pm
Y con la muerte de dos guardias civiles sobre la mesa, persiguiendo una narcolancha el viernes pasado en Huelva, y con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, abucheado en una jura de bandera en Baeza (Jaén), en una sonora pitada que obligó a detener el acto y a llamar a capítulo a los presentes, ayer EL MUNDO adelantó en su página web el contenido del nuevo Informe de Seguridad Nacional. Que precisamente reza: «El tráfico de drogas y, particularmente de cocaína, se mantiene como una de las mayores amenazas para la salud y seguridad de la ciudadanía, así como para la integridad de las instituciones públicas y privadas».
El narcotráfico se describe en el documento, emitido por el Ministerio de Presidencia y realizado por el Departamento de Seguridad Nacional dependiente de Moncloa, como un riesgo existencial del Estado, en la línea en que viene alertando desde hace tiempo, por ejemplo, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, y en contraste con la calificación de «accidente laboral» de la muerte de los dos agentes, realizada por la ex vicepresidenta María Jesús Montero, candidata ahora a la presidencia de la Junta de Andalucía. Los agentes, señala el informe, pelean contra «mafias» -cada vez más latinoamericanas- que utilizan «armas de guerra», que cada vez corrompen mejor las instituciones del Estado y que usan embarcaciones de «alta velocidad», lo que deja en clara desventaja a los Cuerpos yFuerzas de Seguridad del Estado.
El informe, curiosamente, fue aprobado por Seguridad Nacional el 26 de abril pasado, y enviado por Moncloa al Congreso -lo firma el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas– el pasado lunes, el mismo día en que Montero tachaba en campaña electoral la muerte de los dos agentes de «accidente laboral», antes de desdecirse horas después.
El papel va incluso más allá: «Se han mantenido las agresiones y hostigamientos» a guardias civiles, señala. «Los narcotraficantes, en ocasiones, no dudan en embestir vehículos terrestres y embarcaciones cuando perciben riesgo de interceptación o pérdida de la droga, evidenciando una mayor agresividad hacia los agentes».
En el documento se vincula directamente «parte de la violencia» en territorio español al narcotráfico, se llama la atención sobre el «efecto multiplicador de la corrupción» vinculada al tráfico de drogas, y se llama la atención de cómo está virando el narcotráfico en contenedores al de lanchas rápidas.
Las quejas de los efectivos policiales de desventaja frente a los narcos son constantes. El informe ratifica en gran medida sus demandas. Alerta, por ejemplo, del uso de «embarcaciones de alta velocidad que recogen grandes cantidades de cocaína en alta mar» para llevarlas a tierra.Certifica la presencia en España de mafias latinoamericanas, «y ya no desde un papel logístico», sino «directamente en importación y distribución del mercado minorista».
«Estas organizaciones destacan por su movilidad, capacidad de adaptación y elevado grado de violencia», continúa. Se ha advertido también de que «ninguna incautación suele superar las 1,5 toneladas, lo cual sugiere diversificación, limitación del tamaño del envío y sofisticación en las instalaciones portuarias». Se llama la atención también del uso de «armas de guerra u otro material bélico, así como sofisticados medios de monitorización por parte de las organizaciones criminales, lo que incrementa considerablemente la complejidad de las operaciones».
«Gran parte» de la «violencia» de España proviene del narco
«Gran parte de los episodios de violencia ocurridos en España están directamente vinculados al narcotráfico y se manifiestan a través de enfrentamientos armados, ajustes de cuentas, secuestros, amenazas, o ataques a las fuerzas de seguridad, con afectación directa, en algunos casos, a la ciudadanía», admite Seguridad Nacional. «Las organizaciones criminales siguen experimentando una transformación muy significativa, predominando aquellas más descentralizadas y flexibles, que cuentan con una cierta autonomía de sus integrantes». Además, el mayor control policial de la zona de la desembocadura del Guadalquivir ha provocado un desplazamiento hacia Huelva y Levante, ratifica el informe.
