Publicado: septiembre 2, 2026, 4:11 am
Los empresarios ceutíes estudian ya los primeros detalles del Real Decreto-ley de medidas urgentes que el Gobierno aprobó el martes en Consejo de Ministros para dar respuesta a las consecuencias económicas de la crisis migratoria que la ciudad atraviesa desde hace ya más de un mes. De esa primera lectura surgen sentimientos encontrados. La patronal advierte de que el paquete parece más bien diseñado para el ‘día después’ de una crisis que está lejos de solventarse. Los representantes de los trabajadores, que ven aspectos positivos en el plan, recuerdan que Ceuta necesita un programa de inversiones más amplio para terminar de impulsar la industria de la ciudad.
La sensación inicial que trasladan los empresarios es que se trata más de un paquete de recuperación, de medidas más enfocadas al medio y largo plazo y que no dejará de ser un «parche económico» mientras no se resuelva la crisis. Es la impresión que traslada a La Información Económica Juan Manuel Parrado, secretario general de CEOE en Ceuta. El empresario advierte de que el «verdadero problema está en que siguen sin saber cuánto tiempo más van a necesitar de estos parches cuando el verdadero problema sigue ahí y es que Ceuta está lejos de la normalidad».
A los empresarios les preocupa, además, la ‘letra pequeña’ del paquete urgente, cómo se materialice, quiénes serán los beneficiarios exactos y cuáles los plazos que se manejan. Por otra parte, advierte de que hay cuestiones que la patronal planteó al Gobierno y para las que sigue sin haber respuesta. Es el caso de los gastos en seguridad privada que muchas empresas se han visto obligadas a asumir para poder mantener su actividad y que no aparecen reflejados en el mismo.
Tampoco incorpora, al menos en el modo en que se lo habían solicitado al Ejecutivo, las moratorias y aplazamientos en los pagos a la Seguridad Social. Desde su punto de vista esta medida es necesaria porque supondría un alivio inmediato que permitiría a las empresas priorizar el abono de las nóminas, el pago a los proveedores y hacer frente a los gastos esenciales mientras se hace efectiva la recuperación.
La secretaria general de la asociación de autónomos y emprendedores UATAE, María José Landaburu, se muestra más optimista y considera que este apoyo representa un «avance significativo en la buena dirección», pese a que podría haber llegado antes. Landaburu considera que es un paquete ambicioso que servirá para cubrir «muchas necesidades». En principio y según el Gobierno 2.500 autónomos podrán optar a los 5.000 euros de ayudas directas.
Un plan de inversiones suficientemente ambicioso
Los sindicatos reclaman al Ejecutivo que despliegue las inversiones suficientes para que pueda desarrollarse una industria en Ceuta. Fernando Luján de Frías, vicesecretario General de Política Sindical de UGT, apuesta por un plan de infraestructuras que permita mejora una unas comunicaciones con la península que, actualmente, «son mejorables».
Se trataría, desde su punto de vista, de beneficiar al mayor número de ceutíes con un plan a gran escala que debería negociarse desde el ámbito del diálogo social y en el que cualquier medida tendría que estar condicionada al mantenimiento del empleo.
Luján apunta, además, a la necesidad de avanzar en la reforma del decreto del SMI que permitirá que el plus de residencia (una retribución económica histórica que trata de compensar las circunstancias geográficas, sociales y de extrapeninsularidad que implica vivir y trabajar en Ceuta) quede al margen de las reglas de absorción y compensación. Esta medida, que está pendiente del dictamen del Consejo de Estado, implica que las futuras subidas del salario mínimo no podrán reducir este complemento en los sectores donde está reconocido por convenio en Ceuta.
80 millones en medidas para empresas y trabajadores
El Gobierno ha movilizado un paquete económico de 309 millones de euros de apoyo y dinamización a la ciudad, inmersa en una crisis que trasciende de lo migratorio. De esa cantidad, 80 millones de euros -el equivalente al 4% del PIB de la ciudad- se destinan al apoyo a empresas y trabajadores. Entre las medidas de respaldo al tejido productivo se incluyen 36,6 millones en ayudas directas que gestionará la Agencia Tributaria (AEAT) y que se articularán de forma parecida a como se hizo en Valencia con la Dana.
Contempla, además, avales del ICO por 50 millones, así como una bonificación del Impuesto de Sociedades, que pasará del 50% al 60% para entidades residentes en ambas ciudades autónomas y para las que mantienen actividad y los puestos de trabajo en la ciudad. A esta se suma una mejora en la tributación del IRPF para los autónomos que supone la ampliación de la deducción de gastos de difícil justificación en el IRPF. Las dos, que están cuantificadas en unos 12 millones de euros y se harán permanentes, se extienden también a Melilla.
