Publicado: septiembre 8, 2026, 2:11 pm
El Gobierno permitirá a las comunidades autónomas dedicar el superávit que registren en sus cuentas a inversiones sostenibles como la vivienda, tanto este como el próximo ejercicio. Según el ministro de Hacienda, Arcadi España, podrán beneficiarse de esta medida tanto aquellas que gastaron menos de lo que ingresaron el año pasado, como las que lograron situar su deuda por debajo del 12,4% del PIB en 2025 y registraron un saldo positivo de sus cuentas en años anteriores, sin especificar aún cuántos.
La medida, que se aprueba a través de un real decreto-ley, tendrá que recibir por tanto el visto bueno del Congreso de los Diputados. Hasta ahora la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria obligaba a los ejecutivos autonómicos a dedicar esos remanentes positivos a reducir su deuda pública. En adelante podrán destinarlos a esas inversiones sostenibles sin que estas computen de cara al cumplimiento de la regla de gasto, que es una de las exigencias que marcan las nuevas reglas fiscales.
Según el ministro España, ocho comunidades van a verse beneficiadas de estas medidas que, según ha asegurado, supondrán movilizar casi 4.000 millones de euros para inversiones en sus territorios. Son Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia. El texto que ha aprobado este martes el Consejo de ministros también recoge medidas fiscales y financieras para la isla de La Palma, a consecuencia de los daños provocados por la erupción del volcán.
Los Presupuestos del Estado… antes de que acabe el año
El ministro de Hacienda ha insistido en que el Ejecutivo presentará los Presupuestos Generales de Estado de 2027 «antes de que acabe el año», si bien no ha aclarado si podrán hacerlo antes de que finalice este mes, como marca la Constitución. Según Arcadi España, las cuentas públicas se presentarán este año «para tramitarse con normalidad en el Congreso». Para lograrlo, el Ejecutivo negociará «con todos los grupos» y no descartará ningún acuerdo.
La Carta Magna fija que los presupuestos tienen que entrar en el Congreso al menos tres meses antes de que finalice el año, de forma que puedan tramitarse entre octubre y diciembre para que entren en vigor el 1 de enero. En caso de aprobar el texto, serían los primeros presupuestos que se presentan esta legislatura, en la que se han ido prorrogando las cuentas de 2023 ante la falta de apoyos parlamentarios.
