Publicado: octubre 12, 2026, 6:07 am
Acababa de comenzar 2020 cuando el PP de Pablo Casado encargó a un grupo de expertos la elaboración de una nueva ley educativa que debía acompañar a la enmienda a la totalidad que el Grupo Popular iba a presentar en el Congreso contra la Ley Celaá. La estrategia era rechazar la norma del PSOE y Unidas Podemos, pero ofreciendo una alternativa a cambio con el fin de «alimentar desde la oposición política un debate responsable». Estos sabios, que ya habían participado en la elaboración de varios programas electorales de los populares, se pusieron manos a la obra y en tiempo y forma entregaron al partido un texto con 203 artículos, 15 disposiciones adicionales, cinco disposiciones finales y una derogatoria.
Pero intrigas palaciegas de asesores próximos a Casado hicieron prevalecer su criterio sobre el del grupo parlamentario, que entonces dirigía Cayetana Álvarez de Toledo. Hubo enmienda a la totalidad a la Ley Celaá, pero no un proyecto alternativo de la oposición. Este se guardó en un cajón de Génova y no ha visto la luz hasta hoy, cuando sus autores van a publicarlo en forma de libro para contribuir al debate preelectoral y, sobre todo, para rendir homenaje al fallecido Eugenio Nasarre, político de referencia del PP en educación y director del grupo de trabajo que redactó esta norma.
«Todavía resuena en nuestros oídos la frase que pronunció Eugenio cuando supo que la ley no iba a ver la luz: «’Si no la publican ellos, lo haremos nosotros’. Dar publicidad a esta obra colectiva nos ha parecido una obligación moral para hacer efectivo el pensamiento de Eugenio», explican Francisco López Rupérez, director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela, y el catedrático Xavier Gisbert, presidente de la Asociación Enseñanza Bilingüe.
Han pasado seis años y la educación ha vivido muchos cambios desde entonces, del auge de lo online y la IA al cambio de composición demográfica del alumnado. Los autores han publicado un anexo con propuestas de actualización que tratan estas cuestiones, pero el espíritu de la ley apenas ha envejecido, sobre todo después de que la OCDE haya recetado más trabajo duro a los alumnos españoles tras obtener los peores resultados de la historia en el informe PISA.
La Ley Nasarre tiene como principio rector «la educación en la responsabilidad y en el mérito y esfuerzo». Busca una «mejora de la calidad» combinada con «una real igualdad de oportunidades», «una buena integración de la población inmigrante» y «libertad de elección» para las familias.
Hace unos días, los autores volvieron a enviar su ley a Alberto Núñez Feijóo, para que le acompañe en su camino electoral, y este les ha respondido agradeciéndoles sus aportaciones. «El texto contribuye, por supuesto, y más teniendo en cuenta las cabezas privilegiadas que lo han redactado», dice Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, que apunta que el plan de su partido, si llega a La Moncloa, es derogar «inmediatamente» todos los currículos actuales, desde Infantil a Bachillerato, y redactar «una ley que emane de la sociedad civil y no de los políticos». Para ello, explica, se van a reunir con todos los representantes del ecosistema escolar para alcanzar lo que llaman «un pacto de país frente a la emergencia educativa». «El Gobierno de Feijóo se convertirá en un árbitro de la comunidad educativa y, cuando el nuevo texto sea una realidad, derogaremos la Lomloe». Anuncia que, a partir de octubre, comenzará una ronda de contactos con profesores, familias, técnicos y expertos.
La Ley Nasarre propone, por su parte, un cambio profundo de la estructura escolar, con una medida para reducir el abandono temprano que ya han implantado la mayoría de países de la UE: la ampliación de la enseñanza básica -es decir, obligatoria y gratuita- hasta los 18 años (ahora es hasta los 16), no con la idea de que todos los alumnos estén en la misma aula hasta esa edad, sino estableciendo caminos profesionalizantes que permitan formarse y trabajar a la vez.
La ESO, que ahora tiene cuatro cursos, se quedaría en tres cursos, mientras que el Bachillerato, que ahora tiene dos, se ampliaría hasta tres cursos, dividiéndose en un Bachillerato General más académico y en un Bachillerato Profesional más aplicado.
En cuanto a los currículos, establece que el Gobierno fije unas «enseñanzas comunes» en toda España que ocuparían el 55% de los horarios en las regiones con lengua cooficial y el 65% en las que no tienen lengua cooficial, mientras que el resto de contenidos los determinarían los gobiernos autonómicos. Habría pruebas de finales de etapa con «criterios comunes» para todo el Estado.
Al terminar Bachillerato, los alumnos tendrían que pasar una prueba general diseñada por el Estado -como el BAC francés, el Abitur alemán o la Maturità italiana- para poder obtener el título de esta etapa y acceder a la universidad. Esta prueba sustituiría a la Selectividad y versaría sobre esos contenidos comunes, lo que acabaría con las diferencias actuales que existen entre CCAA.
La Ley Nasarre también regula el procedimiento de acceso a la profesión docente, una cuestión que nunca han recogido las leyes educativas y que los sucesivos gobiernos han postergado. Propone un MIR educativo como el de los médicos para seleccionar «con carácter nacional» a los candidatos una vez hayan terminado la carrera. Las plazas se regularían de forma anual atendiendo a la necesidades. El proceso formativo se completaría con un máster y dos años de prácticas remuneradas: siete años de formación en total. El texto plantea también, entre otras propuestas, incentivos económicos para los docentes; una carrera con itinerarios profesionales diferenciados; una mejora de los planes de estudio de Magisterio, y una actualización de la formación permanente.
‘Ley Nasarre’
Eugenio Nasarre (izqda., con José Ignacio Wert en el debate de la Lomce) fue referente educativo del PP desde los 90 hasta su muerte en 2024. Su ley permanecía inédita.
