Publicado: octubre 10, 2026, 10:07 pm
Tensión en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre los sectores conservador y progresista del órgano tanto por la renovación de sus comisiones internas como por las designaciones pendientes de magistrados del Tribunal Supremo.
Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, después de que la presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo, Isabel Perelló, pidiera a ambos grupos a la vuelta de las vacaciones estivales que se sentaran a negociar los nombramientos discrecionales pendientes, el pasado miércoles se produjo una rotura de las conversaciones entre progresistas y conservadores que nadie sabe con certeza si se va a poder reconducir al cierre de esta edición. El reloj, además, corre en contra.
La intención es continuar negociando – «porque así lo ha pedido la presidenta»- pero vocales de ambos grupos consultados no ven fácil llegar a un acuerdo antes del Pleno que se celebrará el próximo miércoles y donde Perelló ha incluido en el orden del día la designación del presidente de la Sala Tercera y de cinco magistrados del Alto Tribunal, así como la elección de la nueva composición de las comisiones.
Las diferencias internas proceden tanto por la reorganización de las comisiones como por las propuestas de nombramientos de los cuatro magistrados de la Sala Segunda o de lo Penal del Supremo y de la presidencia de la Sala Tercera o de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, junto con otro magistrado del turno de jurista.
Encauzar la negociación no fue fácil. Al principio no había acuerdo ni siquiera en si abordar de manera conjunta la negociación de comisiones y los nombramientos de las plazas discrecionales del Supremo. Los conservadores querían negociación conjunta, los progresistas no.
Fuentes conocedoras de las negociaciones internas indican que todo saltó por los aires en una reunión entre los representantes de ambos grupos que tuvo lugar el pasado miércoles, donde los miembros del sector progresista exigieron, por sorpresa y, en primer término, la firma de un documento en torno al pacto. Los conservadores se negaron a firmar decálogo alguno.
Acto seguido, rechazaron el reparto de plazas que propuso el sector conservador -y que ya se venía hablando en conservaciones previas- y pidieron expulsar al vocal Carlos Hugo Preciado de la Comisión Permanente. El objetivo que persiguen los progresistas es que el vocal José María Fernández Seijo entre a formar parte de dicha comisión en vez de este otro consejero.
Preciado es un vocal de sensibilidad de izquierdas pero incómodo para el grupo progresista porque actúa como un verso suelto dentro del órgano de gobierno de los jueces y, además, es muy próximo a la presidenta Perelló.
Más discrepancias. Sobre la presidencia de la Sala Tercera, el sector progresista apoya a la magistrada Ángeles Huet y el conservador a Esperanza Córdoba. Los vocales nombrados a propuesta del PP sostuvieron, en el marco de las negociaciones, que ellos estaban dispuestos a aceptar como presidente al progresista Eduardo Calvo -es el candidato de la presidenta Perelló, el más antiguo de los tres y con experiencia gubernativa como presidente de Sala ya que lo fue en la Audiencia Nacional– pero los vocales nombrados a propuesta del PSOE rechazaron que computase como un nombramiento de izquierdas en el global de todas las plazas. Se da la circunstancia de que la presidencia de la Sala Tercera quedó vacante en julio tras la jubilación del magistrado Pablo Lucas (el próximo martes habrá un acto en el TS para colocar su foto de presidente de Sala).
Por su parte, en la Sala Segunda están pendientes de cubrir las plazas que han quedado desiertas por las jubilaciones de los jueces Miguel Colmenero, Ángel Hurtado, Andrés Palomo y Juan Ramón Berdugo. La Sala de lo Penal es un órgano de especial importancia ya que investiga y juzga a los miembros del Gobierno y los parlamentarios -condenó al ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos– y a otros aforados de especial relevancia pública como, Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, también condenado.
