Publicado: octubre 5, 2026, 12:08 pm
Nunca antes en la historia democrática se había cerrado una legislatura sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), la ley que sirve de eje y sustento para toda la política del Gobierno, más allá de las decisiones meramente económicas. El Gobierno ha sido incapaz de sacar adelante el proyecto ante la falta de apoyos parlamentarios suficientes y tampoco ha llevado finalmente al Congreso las cuentas de 2027, que se encontraban en plena elaboración.
El adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convertido la XV legislatura, la que arrancó tras los comicios del 24 de julio de 2023, en la primera que se desarrolla íntegramente con las cuentas públicas prorrogadas, las de 2023, que se han convertido a la vez en las más longevas.
Estas se prorrogaron automáticamente por tercera vez el pasado 1 de enero, una vez que el Gobierno aprobó el acuerdo necesario en el último Consejo de Ministros que se celebró el año pasado. Los efectos económicos han sido evidentes. Desde que entraron en vigor los Presupuestos de 2023 el Estado ha incrementado su gasto un 14% y la Seguridad Social un 20%.
El desvío, que asciende a 78.000 millones de euros, ha sido posible gracias a la multiplicación de modificaciones de crédito y otros instrumentos que, en realidad, fueron diseñados como mecanismos puntuales y no como fuentes de financiación recurrentes, como finalmente han sido.
Pese a estas adaptaciones que han tenido su utilidad para poder poner en marcha las inversiones ligadas a los fondos europeos Next Generation, «la reiteración de prórrogas ha restado eficacia a la política fiscal», en opinión de Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, la fundación de las cajas de ahorros.
Primero, porque los presupuestos «han sido más expansivos de lo previsto, por la incapacidad de realizar ajustes de gasto o tributarios«. Y, en segundo lugar, porque la prórroga «no permite afrontar los nuevos desafíos de forma coherente», explica en la última edición de sus Cuadernos de Información Económica.
Un entorno de máxima incertidumbre
La coyuntura ha tenido mucho que ver. Las cuentas de hace cinco años no se elaboraron para hacer frente al entorno de incertidumbre global que se ha impuesto desde entonces. La guerra arancelaria, el agravamiento de la guerra en Oriente Próximo y Ucrania, el shock energético y su impacto en la inflación, que ha conllevado un nuevo endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo (BCE), con dos subidas de los tipos de interés en lo que va de año, han dado al traste con cualquier cálculo previo.
El Gobierno ha contado, eso sí, con el margen ‘extra’ que le ha dado una recaudación tributaria en máximos históricos, gracias al tirón de la economía -fundamentalmente por el consumo de los hogares y la inversión- y a la buena marcha del mercado de trabajo, que ha alcanzado el récord de 22,4 millones de cotizantes en septiembre.
Así, el Estado ingresó hasta agosto 172.916 millones vía impuestos, una cifra que no se había alcanzado nunca antes. Sólo por IPRF se recabaron 49.876 millones, un 21% más, por el aumento del empleo, pero también por el alza de los salarios nominales, el aumento de las bases de cotización o los cambios normativos.
La prórroga de las cuentas para este ejercicio fue la undécima en la historia de la democracia, por detrás de las extensiones ya registradas con los Presupuestos de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017 y con los de 2018, que se prorrogaron una vez.
