Publicado: septiembre 30, 2026, 12:08 pm
El decreto de los contratos indefinidos aprobado este martes por el Gobierno prevé que el alquiler se renueve automáticamente una vez llegue a su fecha de vencimiento si ni el propietario ni el inquilino comunican lo contrario. En caso de que el casero quiera romper con esa prórroga tendrá que indemnizar al inquilino con al menos 12 mensualidades de alquiler de una vivienda de características similares. Así lo dispone el texto acordado este martes en el Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso 20minutos. Aunque no se publicará hasta mañana en el BOE, el Gobierno ya ha enviado este decreto a los distintos grupos para que lo estudien de cara a la votación de este viernes en el Congreso. Será ese mismo día cuando entre en vigor, aunque previsiblemente solo lo estará unas horas, ya que Junts ya ha avanzado su rechazo y su apoyo es clave para la convalidación.
Según el decreto, una vez transcurridos los cinco años de duración inicial del contrato de alquiler si el propietario es una persona física o los siete si es una empresa, el alquiler se entenderá prorrogado automáticamente por ese mismo periodo de tiempo si ninguna de las partes notifica lo contrario. El aviso ha de producirse con al menos seis meses de antelación en el caso de que sea el casero quien lo haga o con dos meses si es el inquilino quien no quiere seguir con el contrato. El pago de la indemnización procederá cuando el propietario tome la decisión y lo comunique al inquilino y debe producirse en el momento de entregar la vivienda.
La indemnización al inquilino se calculará a partir del índice de referencia de precios del alquiler del Ministerio de Vivienda, que establece una horquilla de precios para cada vivienda en función de su ubicación y sus características. El monto total debe ser de, al menos, doce mensualidades de renta de una vivienda análoga y no puede ser inferior a una mensualidad de renta por cada año que el inquilino lleve viviendo en el piso.
Se exceptúan del pago de la indemnización aquellos casos en los que exista una causa justificada para acabar con el contrato, como es que el propietario sea una persona física y necesite la vivienda para sí o para sus familiares de segundo grado —si el piso no se ocupa en tres meses, el casero tendrá que pagar igualmente la indemnización—. El propietario queda también exento de compensar al arrendatario cuando el inquilino no habite la vivienda alquilada de forma efectiva o cuando disponga de otro inmueble apto para vivir en el mismo municipio.
Este nuevo régimen de renovaciones automáticas se aplicará solo sobre los contratos que venzan después de su entrada en vigor, que se prevé que sea al día siguiente de su publicación en el BOE, es decir, este viernes. La nueva medida no afecta a los contratos en los que ya se haya comunicado la no renovación y, en aquellos en los que el contrato venza en los seis meses siguientes, el propietario puede seguir preavisando con cuatro meses de antelación.
El objetivo de la norma es dar más estabilidad a los contratos de alquiler, de ahí que se prevea una indemnización para compensar al inquilino por la extinción del contrato y para que la decisión del propietario de no prorrogar responsa a una necesidad real y no al simple hecho de querer sacar de nuevo la vivienda al mercado para ponerla a un precio más alto y sacarle así mayor rentabilidad. Para evitar que esta medida choque con prórrogas extraordinarias como las recogidas en el otro decreto, se especifica que no son acumulables. Además, las prórrogas ya previstas para zonas tensionadas se aplican con carácter preferente.
Esta medida era una de las exigencias del Sindicato de Inquilinas y de los partidos a la izquierda del PSOE. De hecho, el texto lleva la firma del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de Sumar. Sin embargo, es una iniciativa que Junts rechaza y su apoyo es clave para convalidar el texto en el Congreso y que tenga efectos más allá del viernes, que es cuando se producirá la votación extraordinaria en la Cámara Baja tanto de este decreto como del otro aprobado por el Consejo de Ministros, que incluye, entre otras medidas, la suspensión de los desahucios hasta 2030, la prohibición de comprar vivienda a los fondos buitre, la prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos de alquiler y un paquete de bonificaciones fiscales a inquilinos y propietarios.
Mientras que para el otro todavía se reserva su posición, Junts ya avanzó este martes que votará en contra del decreto de los contratos indefinidos. También PP y Vox lo rechazan, por lo que, salvo sorpresa, decaerá en el Congreso el mismo día de su entrada en vigor. PNV por el momento no se ha pronunciado sobre el sentido de su voto.
