Publicado: mayo 30, 2026, 2:08 pm
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha dado este viernes un segundo aprobado a la reforma de las pensiones introducida entre 2021 y 2023. La organización que preside Inés Olóndriz ha señalado que se produce el «cumplimiento formal» de la regla de gasto en pensiones, aunque ha reiterado sus críticas al sistema por el que se rige la evaluación.
Una fórmula que, consideran, muestra una visión «parcial» de la sostenibilidad. Prueba de ello, apuntan, es que es compatible aprobar el ‘examen’ de las pensiones con que la deuda pública se dispare hasta el 123% del PIB en 2050 o que para financiar el aumento del gasto en pensiones esperado haya que tirar cada vez más de transferencias de otros fondos no previstos para ello.
Además, critican que el examen se tiene que hacer con información desactualizada y que no encaja con las nuevas reglas fiscales europeas. En consecuencia, el vigilante de las finanzas públicas españolas reclama que se cambie la ley para introducir una regla de pensiones que limite el gasto de los fondos de la Seguridad Social y que esté incluida en el plan fiscal estructural remitido a Bruselas.
Los resultados del examen a las pensiones que ha presentado la Airef mejoran sus previsiones de ingresos respecto al año pasado y estiman que el gasto medio a efectos de cumplir con la norma se situaría en el 13% del PIB entre 2022 y 2050. Un registro por debajo del umbral máximo permitido del 13,3%.
La consecuencia de superar la evaluación es que el Gobierno no tendrá que introducir medidas adicionales de recorte de gasto o de subida de cotizaciones a los trabajadores para cubrir el agujero en las cuentas. En cualquier caso, la evaluación se repetirá dentro de tres años con información actualizada tal y como está establecido en la reforma de las pensiones.
La autoridad fiscal se vio forzada a repetir su evaluación de sostenibilidad del sistema, que ya hizo el año pasado, después de que la Comisión Europea mostrase suspicacias con los supuestos de partida para el análisis que el Gobierno trasladó a la Airef que debía utilizar para la evalución.
Impacto casi nulo de la regularización
En esta ocasión la autoridad fiscal ha incluido en su análisis una evaluación del impacto que tendría sobre las cuentas públicas la regularización de migrantes que está ahora en marcha. Cuando concluya el proceso, es de esperar que varios de los trabajadores migrantes que ahora están en la economía sumergida regularicen su situación y comiencen a cotizar a la Seguridad Social.
En ese sentido, la Airef estima que los efectos de la regularización serán «prácticamente nulos» sobre las cuentas de la Seguridad Social. En concreto, estiman que podría afectar a un total de 948.876 personas, de las cuales solo 337.000 están en edad de trabajar y formalizarían su situación con el proceso.
Esto se traduciría en unos ingresos de unos 1.074 millones de euros en el primer año, que en términos de PIB llegarían al 0,07% del PIB. Un análisis más a medio y largo plazo sitúa el impacto promedio de la regularización en 0,03 puntos de PIB, que la autoridad fiscal considera «marginal» de cara a la sostenibilidad de las pensiones. Sobre todo, habida cuenta de que de aquí a 2050 está previsto que el gasto se incremente del 12,7% del PIB actual al 16,4%.
