Publicado: julio 28, 2026, 2:08 pm
El Ministerio de Hacienda recoge la petición de las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) y retrasa al 4 de septiembre la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocado inicialmente para este miércoles con el objetivo de abordar la reforma de la financiación autonómica. Fuentes ministeriales trasladan a La Información Económica que el organismo abanderado por Arcadi España «lleva meses ofreciendo vías de diálogo» para abordar la reforma del modelo. «Sin ir más lejos, el pasado mes de junio les emplazó a mantener reuniones de carácter técnico para analizar con detalle la reforma del modelo de financiación», expresan.
Las mismas fuentes tachas como «sorprendente» que justo después de que Canarias trasladarse su voto favorable, algunas regiones solicitaran su celebración tras a la vuelta de las vacaciones. El Ejecutivo de las islas, formado por CC, PP y Agrupación Herreña, trasladó ayer su voto favorable tras ver reconocidas sus singularidades con planteamientos «razonables que no perjudican a otras comunidades» y que reportarán 1.300 millones adicionales a las cuentas del archipiélago. «El cambio de fecha refleja la buena voluntad del Gobierno y confía en que, esta vez, las comunidades del PP antepongan los intereses de la ciudadanía a los dictados de Génova», remarcan. El motivo de este encuentro pasa por debatir la reforma del sistema de financiación autonómica pactada entre el Gobierno y ERC que solo apoya Cataluña.
En este sentido, los consejeros de Hacienda y Economía de las once CCAA gobernadas por el PP, además de Ceuta y Melilla, argumentan que una reforma pactada «con una de las partes y a espaldas de todas las demás no puede pretender aprobarse ahora de manera apresurada, con un calendario que impide siquiera su examen». En opinión de este bloque, la propuesta que el Ejecutivo ha trasladado a las comunidades, «fruto de un pacto bilateral con ERC», es prácticamente la misma que presentó en enero y ya fue rechazada por 16 de los 17 territorios integrados en el modelo. Así, consideran que su actuación quiebra el derecho a un trato «igual», como establece la Constitución.
Hasta 21.000 millones adicionales para las CCAA
Los gobiernos populares además avisan de la falta de oportunidad de celebrar una reunión en medio de la oleada de incendios que ha motivado la declaración de emergencia en todo el país. A grandes rasgos, la reforma cedería unos 21.000 millones que corresponden en el momento actual al Estado para aumentar la financiación de las comunidades autónomas. De esta forma, se conseguiría que ningún territorio pierda recursos con la actualización del modelo.
Estos mayores recursos se lograrían mediante una mayor cesión del Estado de los dos grandes impuestos del sistema tributario español: el IRPF y el IVA. De este modo, el porcentaje cedido en el impuesto a la Renta pasaría del 50% actual al 55%, mientras que el del IVA pasaría del 50 al 56,5%. Asimismo, pasarían a formar parte de los recursos del sistema el impuesto sobre el Patrimonio, el tributo sobre los depósitos bancarios, el juego y los residuos en vertederos. A esto se sumaría otra aportación del Estado para reducir las diferencias entre las regiones que reciben más recursos por habitantes y las más perjudicadas por el sistema.
Una vez se discuta la propuesta en el CPFF en septiembre, que previsiblemente saldrá adelante porque el Gobierno tendría suficiente con el voto a favor de Cataluña, el Ejecutivo deberá llevar un texto normativo ya articulado a Consejo de Ministros después de verano. Superado este trámite, la idea es que la norma llegue rápido al Congreso de los Diputados para que pueda estar aprobada antes de que acabe el año. Algo que se antoja difícil, dado que en este momento el Ejecutivo no tiene garantizados los apoyos parlamentarios suficientes para sacarla adelante.
El planteamiento pasa porque la ley pueda estar en vigor según empiece el ejercicio 2027. Pero esto no es condición suficiente para que se aplique. Las comunidades que quisieran adherirse al nuevo sistema (es voluntario) tendrían que firmar un acuerdo de aceptación en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales correspondiente. Además, sería necesario que se apruebe una ley de régimen de cesión de tributos del Estado a cada autonomía, que recoja el alcance y las condiciones de dicha cesión.
