Publicado: julio 23, 2026, 6:08 am

La desertificación avanza en España, amenazando nuestro modelo económico, territorial y social. Somos uno de los países europeos más expuestos; con más de 9 millones de hectáreas catalogadas como zonas con un riesgo alto o muy alto de desertificación, representando el 18% de la superficie del país. Y las proyecciones del CEDEX y planes hidrológicos coinciden en que el cambio climático reducirá de forma significativa la disponibilidad de recursos hídricos en España con impactos intensos en las Cuencas Mediterráneas y el sur peninsular.
El último informe publicado por Seopan, ‘Estrategia e inversiones para la eficiencia y resiliencia hídrica en España‘ cuantifica en más de 84.000 millones de euros la inversión en infraestructuras hidráulicas a realizar durante la próxima década para atender nuestra demanda de agua y cumplir objetivos ambientales. Y esta cifra anualizada representa 7,5 veces más que la inversión hidráulica anual actual de nuestras Administraciones Públicas, AAPP.
La desertificación no guarda relación directa con el origen de los incendios, pero sí incide en su control y mayor propagación. Según datos de la Comisión Europea, CE, nuestras AAPP invirtieron 266 millones de euros en servicios de protección de incendios en 2024, equivalentes a 529 €/km2. Si nos comparamos con otros países del arco Mediterráneo, obtenemos que Francia, Italia y Portugal invirtieron 2.157, 2.750 y 1.510 €/km2, respectivamente, es decir, entre 2,8 (Portugal), y 5,2 veces más (Italia).
Cualquier ciudadano puede acceder a la web de Copernicus, que es el Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea, UE, gestionado por la CE y obtener que nuestro país es recurrentemente el de mayor porcentaje de superficie quemada por incendios, con más de 19.000 km2 de superficie asolados en los últimos 20 años -sin computar los incendios de 2026-, lo que equivale al 3,8% de la superficie de nuestro país, y con un incremento de la superficie quemada preocupante, pues en 2025 los incendios quemaron 3.931 km2 , el 0,8% de nuestra superficie, y 2026 va camino de superar dicha cifra.
El recorte estructural de inversión pública realizado en la UE y en España tras la crisis financiera de 2008, junto con los impactos del cambio climático, ha incrementado nuestra desprotección ante ambos fenómenos, desertificación e incendios, y revertir esta situación exige, entre otras medidas, un urgente acuerdo de Estado.
