Publicado: octubre 21, 2026, 10:07 pm
Limitar de forma «temporal y excepcional» los precios de los alquileres, que el Estado asuma el coste del realojo o del alquiler de las personas vulnerables y que la Administración tutele y avale acuerdos de usufructo temporal son algunas de las medidas en materia de vivienda que propone el partido de Miriam González, Democracia 21.
Aliviar la presión sobre este mercado es una de las prioridades para la recién nacida formación, según establece el apartado de su programa referente a la vivienda, al que ha podido acceder EL MUNDO. Durante la presentación del partido, González ya avanzó que propondría reducir, para menores de 35 años, los impuestos en la compra de vivienda a cero, así como la reasignación de los fondos Next Generation no utilizados a un Fondo Público Soberano de construcción de vivienda asequible y protegida.
Con esta hoja de ruta en mano, Democracia 21 propone un «plan de choque» dividido en dos fases «para dar un respiro urgente a los ciudadanos hoy» y «para resolver este problema estructural para siempre».
Uno de los puntos fundamentales de este plan es la «reconciliación» del mercado del alquiler. El programa propone acabar con el «enfrentamiento polarizante entre inquilinos y propietarios» mediante la intervención del mercado para aplicar un «límite temporal y excepcional» de los precios de los alquileres. A cambio, Democracia 21 propone «blindar» a los pequeños propietarios garantizando que el Estado actúe de escudo ante impagos y que asuma el realojo o el coste del alquiler de las personas vulnerables.
¿Cómo? Mediante la creación de un «Servicio Social de Garantía de Arrendamientos, que asegurará el cobro íntegro e ininterrumpido del alquiler al propietario en caso de que un inquilino sea declarado vulnerable y la Administración competente no disponga de una alternativa habitacional inmediata».
Además, propone que la Administración dé seguridad frente a la inquiokupación. De ahí que prometa la creación de un «Servicio de Mediación de Arrendamientos gratuito y vinculante» que resuelva los asuntos en un máximo de 30 días y de «Juzgados Especializados de Arrendamientos que garanticen una resolución firme en un plazo adicional de 60 días».
Asimismo, proponen modificar el Código Penal para tipificar como delito de estafa «la firma de un contrato con intención premeditada de impago y el subarriendo ilegal». También incorporar a la Ley de Arrendamientos Urbanos el alquiler por habitaciones, «exigiendo estándares estrictos de habitabilidad y cruzando digitalmente los contratos con el padrón municipal para erradicar los falsos alquileres temporales».
Plan de Nacional de Barrios
En paralelo a las medidas de urgencia, el partido de Miriam González empuña la política de Estado. Propone sacar adelante «un acuerdo a diez años vista que implique a todas las administraciones«. De esta forma, proponen que el tridente Estado-Comunidades Autónomas-Ayuntamientos aporten «el suelo público mediante concesiones o derechos de superficie a 75 años (garantizando que el suelo y las viviendas sigan siendo 100% públicas al final del periodo)». El diseño, la construcción y la gestión del parque de vivienda asequible corresponderá tanto a las empresas públicas como a las privadas del sector.
Otra de las medidas consiste en impulsar la industrialización del sector de la construcción, reducir costes, aumentar la productividad y generar empleo. Y proponen hacerlo mediante el desarrollo de barrios completos con sus servicios públicos y zonas verdes correspondientes. Por otra parte, Democracia 21 propone reducir el IVA del 10% al 4% para la construcción y rehabilitación integral de viviendas asequibles, además de rebajar otros impuestos.
Democracia 21 exigirá a los ayuntamientos el cumplimiento de los objetivos de vivienda asequible, pero permitirá que las Comunidades Autónomas asuman sus competencias urbanísticas en caso de incumplimiento. Además, se fijará un plazo de 30 días para resolver licencias de obra mayor y se sustituirán las licencias previas para obras menores por declaraciones responsables digitales, entre otras medidas que conforman ese plan a largo plazo.
