Publicado: julio 10, 2026, 8:08 am
El debate sobre el drástico aumento en las bajas laborales en los últimos años ha saltado a primera línea de la política tras las declaraciones de Feijóo en las que llegó a calificar de «cáncer» el absentismo laboral. Lo cierto es que la incidencia de la incapacidad temporal -el nombre técnico de las bajas en jerga laboral- se ha incrementado un 60% en solo siete años y los costes se han disparado. Pero hay un colectivo de trabajadores en los que las cifras no solo no han aumentado, sino que han disminuido: los autónomos.
Los empleados por cuenta propia encarnan la ‘cara b’ de este auge de bajas laborales, la de quienes, en palabras de UPTA (una de las principales asociaciones del colectivo) «no pueden permitirse enfermar». Los datos son elocuentes. Mientras que el número de procesos de incapacidad temporal iniciados en asalariados en los tres últimos años ha repuntado un 14%, entre los autónomos se ha reducido un 3,5%. De hecho, si echamos el foco más atrás, desde la pandemia las bajas entre trabajadores por cuenta ajena han crecido un 55%, cinco veces más que el 11% que han repuntado las de los autoempleados.
Además, las cifras de incidencia -el número de bajas por cada 1.000 trabajadores- también ha evolucionado de formas muy diferentes. El año pasado, solo había 10,2 trabajadores por cuenta propia de baja por cada 1.000. Un incremento de apenas el 10,6% en diez años. En cambio, la incidencia entre los asalariados se ha disparado un 86% en ese tiempo, pasando de 20,5 trabajadores de baja por cada 1.000 a 38 el año pasado.
En cambio, la duración de los procesos se ha incrementado entre los autónomos. La baja promedio de un empleado por cuenta propia dura ya 104,7 días, seis jornadas y media más que en 2023, once más que las que se veían en 2019 y 16 más que en 2015.
En cambio, la evolución entre los asalariados ha sido mucho más moderada. La extensión de los procesos es prácticamente la misma que hace una década. El año pasado, las incapacidades temporales de los trabajadores por cuenta ajena duraron, de media, 38,8 días, tres jornadas más que en 2023, pero prácticamente lo mismo que en 2019.
Las cifras reflejan la diferente realidad a la que se enfrentan los autónomos cuando enferman. Las escasas cifras de incidencia muestran que los empleados por cuenta propia evitan pedir la baja a toda costa y la extensión de los periodos refleja que solo lo hacen cuando sufren problemas de salud graves.
Algo que se explica, en buena parte, por las diferentes consecuencias económicas que afrontan respecto a los asalariados. Cuando los autónomos se dan de baja no pueden facturar ni realizar ningún tipo de actividad y tienen que seguir pagando su cotización a la Seguridad Social durante dos meses.
Además, la prestación que reciben los autoempleados suele ser más baja porque la mayor parte del colectivo cotiza por una base inferior a la de los asalariados con ingresos similares. Además, a diferencia de los trabajadores del régimen general, donde son habituales los complementos en convenios que cubren el 100% del salario, los autónomos no conservan todos sus ingresos.
Un problema de salud pública
Para asociaciones del colectivo como UPTA, estas cifras no ponen que los autónomos tengan mejor salud, sino que «muchos continúan trabajando aun estando enfermos porque no pueden permitirse dejar de hacerlo». «En España existen más de 1,5 millones de trabajadores autónomos personas físicas que desarrollan su actividad sin trabajadores asalariados», reflexionan en una nota hecha pública el jueves.
«Para todos ellos, una incapacidad temporal supone, en la práctica, cerrar el negocio o paralizar completamente su actividad, dejar de percibir ingresos desde el primer día y asumir el riesgo de perder clientes o incluso de no poder recuperar posteriormente su actividad económica», sostienen desde UPTA. «Esta realidad explica que miles de trabajadores autónomos retrasen la visita al médico y continúen desarrollando su actividad hasta que la enfermedad les impide seguir trabajando», apuntan.
Además, desde la asociación advierten de que postergar la baja cuando hay una enfermedad acaba agravando los problemas. «Cuando una enfermedad no recibe tratamiento desde sus primeras manifestaciones aumentan las posibilidades de que evolucione hacia procesos más complejos o persistentes. Como consecuencia, cuando finalmente resulta inevitable solicitar una incapacidad temporal, las patologías requieren tratamientos más prolongados y periodos de recuperación considerablemente superiores», señalan.
