Publicado: mayo 19, 2026, 1:07 am
La Autoridad de Protección al Informante (AIPI) acaba de reconocer a la investigadora del CNIO Ana Isabel Hernández, que lleva ocho años denunciando en la institución corruptelas ahora investigadas por la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, el estatus de «informante con derecho a protección».
Hernández, que en noviembre pasado declaraba en EL MUNDO haber «temido» por su «integridad» y haber pasado «verdadero miedo» por denunciar irregularidades dentro del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), había precisamente solicitado protección también dentro de la institución el pasado 15 de abril, y pocos días después se le notificó, por parte del actual director científico, Fernando Peláez, que no se le podía otorgar.
La AIPI, en cambio, protege ahora a Hernández, que ha vivido un auténtico vía crucis en la institución puntera española contra el cáncer, después de denunciar desde 2018 «incontables irregularidades» en las cuentas que las autoridades sólo se tomaron en serio cuando un ex alto cargo, el director de Operaciones, denunció hace un año en Anticorrupción el presunto desfalco de entre 25 y 30 millones de euros durante 17 años con la supuesta anuencia e impulso del entonces gerente, Juan Arroyo.
En realidad, Hernández llevaba todos estos años denunciando descontrol en las cuentas y posibles enriquecimientos de ex altos responsables de la casa a través de firmas montadas fuera ad hoc.
Todo comenzó, según ella misma narró en EL MUNDO, cuando ganó en 2017 las elecciones al comité de empresa, en medio de la previsión de despidos entre los investigadores: «Me puse a mirar las cuentas, a las que pude acceder como presidenta del comité, y descubrí un montón de partidas extrañas». El CNIO, advirtió, gastaba dinerales en ferretería y en equipamientos que jamás se iban a usar en el centro, como por ejemplo bañeras de hidromasaje.
Hernández denunció los hechos dentro de la institución, que no hizo nada, y también ante el Ministerio de Ciencia, entonces en manos de Pedro Duque, igualmente sin respuesta. Acudió a los tribunales, de la mano de Vox, «porque fueron los únicos que me hicieron caso, me dirigí a todos los partidos».
La causa se archivó por falta de evidencias, pero el aldabonazo definitivo fue la denuncia en Anticorrupción del ex director de Operaciones: un documento de 120 páginas, plagado de pruebas, realizado junto a la directora de Cumplimiento Normativo durante ocho meses con una suerte de auditoría forense, y acompañada de grabaciones de trabajadores admitiendo corruptelas.
EL MUNDO publicó en exclusiva en noviembre pasado dicha denuncia, en la que se evidenciaba incluso que una de las subcontratas del CNIO había sido fundada en el domicilio del ex gerente, Juan Arroyo. El entonces gerente, José Manuel Bernabé, aportó también una catarata de pruebas de las corruptelas, y la Fiscalía encargó a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) una investigación con la que está colaborando la propia Hernández.
Así, mientras la institución quedaba en solfa, con la dimisión incluso del propio Bernabé, «aterrado» ante las «irregularidades» que encontró, según su propio relato a la Policía, la figura de Hernández, que durante años vivió proscrita dentro de la casa, acosada por el entorno de los ahora investigados, era rehabilitada ante los ojos de sus propios compañeros.
Ella misma volvió a pedir amparo hace escasas semanas a la institución después de ser señalada por Mariano Barbacid en una entrevista a ‘ABC’, tras lo cual Peláez le negó posibilidad alguna de protección. Ahora es la AIPI la que la protege, al constatar, como ha podido saber este periódico, que cumple los requisitos para ser acreedora de dicha protección. Entretanto, avanzan las pesquisas de Anticorrupción y UDEF.
