Publicado: octubre 29, 2026, 5:07 pm
La presión de las fuerzas parlamentarias, principalmente la de los socios del propio Gobierno, ha surtido efecto. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ahora en el ojo del huracán por el gravísimo accidente ferroviario de Urda (Toledo) que se ha saldado de momento con 69 víctimas mortales y más de un centenar de heridos, comparecerá el próximo martes, 3 de noviembre, ante la Diputación Permanente del Congreso para rendir cuentas de lo sucedido. Con esta decisión, Puente descarta una dimisión inmediata.
Para el Partido Popular la rendición de cuentas del ministro ante la Diputación es «insuficiente» y por ello ha registrado la petición de comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aún a sabiendas de que en periodo de disolución de las Cámaras, las comparecencias sólo son admitidas a petición del propio Ejecutivo.
La petición de explicaciones ante el órgano que vela por los poderes de la Cámara se había convertido en las últimas horas en un clamor al que se habían sumado los aliados que durante toda la legislatura han sostenido al Ejecutivo e incluso Sumar, el socio minoritario de la coalición gubernamental. Desde el Ministerio de Transportes han finalmente anunciado la intención de Puente de registrar su solicitud de comparecencia.
ERC, Podemos, Sumar, la candidatura de Frente Amplio liderada por Ada Colau, de la que forman parte IU, Compromís, Chunta y Más Madrid, habían reclamado la rendición de cuentas de Puente en la Diputación Permanente. Incluso el PNV, sin llegar a explicitarlo, ha exigido la asunción de «responsabilidades técnicas y políticas al máximo nivel». Lo mismo ha reclamado Junts.
Sin embargo, todas estas reclamaciones estaban condenadas al fracaso porque la Diputación Permanente entre legislaturas no cuenta con la facultad de controlar al Gobierno, algo que sí tiene cuando actúa en las etapas comprendidas entre periodos de sesiones. De esta forma la rendición de cuentas por parte de un miembro del Gobierno sólo es posible si es el propio Ejecutivo quien la plantea.
La Diputación Permanente del Congreso, cuando las Cámaras están disueltas como es el caso actual tiene como funciones pronunciarse convalidando o no los decretos leyes que apruebe el Consejo de Ministros; ha de ser notificada de manera inmediata de la declaración por parte del Gobierno del estado de alarma y autorizar su prórroga; autorizar también al Gobierno a decretar el estado de excepción y su prórroga y declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, es el estado de sitio. Asimismo vela por los poderes de la Cámara teniendo en cuenta que velar no es ejercer y por tanto no puede controlar al Gobierno como si se tratara de una etapa entre periodos de sesiones como es el verano o la época navideña.
De esta forma, el criterio reiterado por parte de la Mesa de la Diputación ha sido la de inadmitir solicitudes de comparecencia cuando las Cámaras están disueltas por entender que ese tipo de debates excedían de su competencia en esas etapas. Así sucedió, por ejemplo, en la II legislatura cuando se pidieron comparecencias para explicar el memorando de integración en la OTAN; en la V Legislatura para que los ministros de Justicie e Interior y Defensa dieran cuenta de los graves disturbios en Melilla en marzo de 1996 y para que el presidente del Gobierno asumiera sus responsabilidades políticas; en la VI para diversos asuntos, entre ellos, la comparecencia del ministro de Exteriores para explicar la posición del Gobierno en la petición de extradición a España de Augusto Pinochet.
