Publicado: julio 7, 2026, 4:07 pm
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes, por unanimidad, solicitar al Ministerio Justicia que dirige Félix Bolaños la convocatoria urgente de la Comisión Mixta -con representantes de este departamento- para abordar la decisión de este departamento de denegar la autorización económica previa de medidas de refuerzo en distintos órganos judiciales de toda España.
En la reunión de hoy, la Permanente ha acordado asimismo reiterar esa solicitud de reconsideración respecto de las medidas de refuerzo solicitadas en órganos judiciales especializados en asuntos relativos a condiciones generales de la contratación, incluidas las cláusulas abusivas.
En el informe del Servicio de Inspección analizado este martes, al que ha tenido acceso EL MUNDO, se señala que la denegación de renovación total o parcial de las comisiones de servicio en las secciones civiles de las Audiencias Provinciales y en las plazas de las Secciones Civiles de los Tribunales de Instancia especializadas en esta materia supondrá la suspensión y no resolución de, al menos, 12.470 asuntos a lo largo del segundo semestre del año. La Comisión Permanente ha acordado dar traslado del citado documento al Ministerio de Justicia.
El pasado día 1, los vocales acordaron por unanimidad solicitar al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que reconsidere su decisión de denegar la autorización económica previa de medidas de refuerzo para sesenta y dos órganos judiciales de toda España y mostró su preocupación por la situación generada, que obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales que se consideran necesarias e imprescindibles para garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas de ciudadanos y consumidores.
Desde el sector conservador del CGPJ indican que la decisión del Ministerio de Justicia de denegar la autorización económica previa de más de sesenta medidas de apoyo y refuerzo solicitadas para órganos judiciales de toda España es «equivocada y puede tener graves consecuencias».
«No se trata de una cuestión menor, la denegación afecta directamente al funcionamiento diario de los tribunales y al derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas», indican fuentes de sector.
«Déficit estructural»
En el mismo sentido apuntan a que la Justicia española arrastra desde hace años «un déficit estructural de planta y de medios personales, reflejado en la sobrecarga objetiva de numerosos órganos y en miles de asuntos pendientes» y ponen como prueba de ello que el propio Ministerio de Bolaños haya acordado crear 500 nuevas plazas judiciales.
Otras fuentes del Consejo consultadas inciden que «si se insiste en la denegación de dichas medidas se colocaría a los consumidores/as y usuarios/as en una situación de desprotección incompatible con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas que consagra la Constitución, puesto que en su mayor parte afectan a la litigación masiva derivada de condiciones generales de contratación, cláusulas suelo, etc, que afecta a consumidores y usuarios».
En este sentido, estas fuentes añaden que «ni la creación de 500 plazas, ni la desigual y problemática implantación de la Ley de eficiencia, eliminan a medio plazo la necesidad de las medidas de apoyo y refuerzo denegadas».
Por su parte, fuentes del Ministerio de Justicia indican que en lo que llevamos de año 2026, esta cartera ha autorizado 232 medidas de refuerzo por valor de casi 7,9 millones de euros, es decir, por encima de lo que contempla el convenio actual.
En este sentido, el departamento de Bolaños sostiene que la Ley de Eficiencia está permitiendo la «creación récord de plazas judiciales y de convocatoria de plazas de jueces y fiscales» (macroconvocatoria de 375 plazas judiciales, 200 de fiscales y 125 de magistrados por el denominado cuarto turno ), por lo que confía en que «la necesidad de solicitar y autorizar refuerzos deje de ser un elemento estructural del sistema, ya que los órganos judiciales contarán con más personal y los jueces y magistrados dispondrán de más instrumentos para abordar los asuntos de litigación masiva».
