Montero pide aplicar el artículo 128 para renacionalizar el ferrocarril y exige la dimisión de Óscar Puente

La eurodiputada y cabeza de lista de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha reclamado este lunes revertir la liberalización del sector ferroviario y aplicar el artículo 128 de la Constitución para recuperar el control público del sistema, tomando como referencia la experiencia de Reino Unido. La dirigente política ha manifestado tras una reunión con representantes del Sector Federal Ferroviario de CGT que basar el transporte en el negocio privado «está poniendo en peligro la seguridad de los usuarios».

Durante el encuentro con la representación sindical de Renfe, Adif, maquinistas y personal de los centros de control, la exministra ha incidido en que la raíz de las incidencias del sistema radica en la estructura organizativa y de gestión actual. En este sentido, ha afirmado ante los medios de comunicación que «además de la dimisión del ministro, que es un consenso social que debe dimitir, aquí la cuestión de fondo es la liberalización».

La responsable de Podemos ha denunciado de forma explícita que áreas estratégicas relativas a la prevención, supervisión, mantenimiento y señalización se encuentran externalizadas en favor del capital privado. Según ha detallado, los sistemas de señalización del tramo afectado corresponden a las compañías Hitachi y Siemens, mientras que las labores integrales de mantenimiento e infraestructura están encomendadas a grandes firmas constructoras entre las que citó a ACS, Sacyr, Ferrovial y Acciona.

Montero ha cuestionado la capacidad de estas corporaciones para priorizar las inversiones de seguridad cuando estas colisionan con la búsqueda de margen económico comercial. Ante la comparecencia del ministro Óscar Puente en la Diputación Permanente del Congreso, la representante de la formación morada ha instado al Ejecutivo a cesar la responsabilización de los operarios y centrar las explicaciones en el rol asignado a las contratas privadas y el volumen real de los cánones cobrados a los operadores.

Finalmente, ha señalado la corresponsabilidad histórica de PP y PSOE en el proceso desregulador culminado en el año 2019, concluyendo que «si se quiere hacer negocio, que se haga con relojes o con vinos, no con el sistema ferroviario, no con el transporte, no con la seguridad de la gente».