Publicado: noviembre 2, 2026, 5:07 am
No solo el magistrado del caso Koldo en el Tribunal Supremo frenó en seco una investigación interna contra la UCO, advirtiendo de que serían los máximos responsables de la Guardia Civil los finalmente investigados. También la juez Beatriz Biedma, encargada del caso Hermanísimo, bloqueó el intento de la dirección del Instituto Armado de investigar la actuación de varios agentes de la unidad, que iban a ser interrogados, con abogado, por supuestas filtraciones.
Cuando fue informada de la situación, la magistrada de Badajoz consideró que se trataba de «una injerencia» en su tarea como instructora y dio orden a los agentes de que no declararan «nada» al respecto. Esa reacción provocó que la citación a los componentes de la UCO se anulara y que solo tuviera que ofrecer explicaciones su máximo responsable.
Así consta en información remitida la semana pasada por la UCO al juez del caso Cloacas, donde se investiga si la cúpula de la Guardia Civil empleó las investigaciones internas para boicotear los avances en las causas más delicadas para el PSOE y el Gobierno. Tras la declaración como imputado del director adjunto operativo (DAO) en la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz pidió a la UCO datos más concretos sobre dos informaciones reservadas -designadas como IR- abiertas a la unidad.
En su respuesta sobre la primera de ellas, la del caso Hermanísimo, la UCO detalla los encontronazos que tuvo con el entonces director general, Leonardo Marcos, y con el todavía DAO Manuel Llamas, en la investigación al hermano del presidente del Gobierno. Primero, por la propuesta de analizar todos sus correos en la Diputación de Badajoz; segundo, por la filtración en noviembre de 2024 de la dirección del correo de Presidencia del Gobierno de Begoña Gómez, hallada entre esos correos.
La UCO había hallado mensajes de David Sánchez con Begoña Gómez, pero los consideró no relevantes y así se lo comunicó a la juez Biedma. La magistrada respondió que sería ella la que determinara cuáles eran relevantes, por lo que los mensajes siguieron dentro de causa. Cuando terminó de analizarlos, la UCO elaboró una guía con ejemplos para que la juez supiera manejar el ingente material. Esa guía, que incluyó el correo de Begoña Gómez, se notificó a las partes por decisión de la juez y acabó apareciendo en la prensa.
Eso provocó la apertura de la Investigación Reservada 1/2024. El general designado instructor llegó a convocar a los investigadores del caso Hermanísimo en la Dirección General de la Guardia Civil. Debían comparecer tanto los responsables de emitir el documento como los de su supervisión, así como el personal que lo entregó a la juez. Se les convocaba en el Edificio del Tercio, «con la advertencia previa» de que tenían derecho «a no declarar, a no contestar» y a «contar con el asesoramiento y asistencia de Letrado».
El aviso de responsabilidades llevó a la UCO a informar de la situación a la juez, de quien dependían como Policía Judicial. «Una vez que la juez es informada de la IR [Información Reservada], ordena que no se manifestase nada relativo a la investigación, y que, si alguien quería conocer algo sobre la misma, se dirigiese a ella».
«Además, aclaró que la función de establecer si alguna persona o elemento cualquiera era o no ajeno a la investigación constituye un acto jurisdiccional, el cual le corresponde en exclusiva a ella, expresando que consideraba toda esta situación como una injerencia en dicha potestad».
La UCO dio cuenta a la cadena de mando de las indicaciones de la juez y, «a pesar de ello», la investigación interna siguió abierta. Eso sí, se anuló la citación previa y se cursó otra dirigida únicamente al jefe de la UCO.
En su escrito al juez del caso Cloacas, la unidad ve preciso «destacar» que los motivos por los que se acabó archivando la investigación reservada eran conocidos por la superioridad desde el inicio. En concreto, que la guía filtrada la generó una herramienta informática, y que su difusión a las partes fue orden de la juez. «Ambos elementos ya estaban referidos y perfectamente explicados hasta el detalle, previamente a la incoación de la IR, en la nota de despacho del día 29 de noviembre de 2024».
El documento remitido a Pedraz vincula lo sucedido con la tensión generada meses antes, en julio de 2024, por la decisión de la UCO de pedir a la juez los correos de David Sánchez en la Diputación. El director de la Guardia Civil convocó una reunión en la que lo veía «malintencionado y prospectivo». Ordenó que la diligencia «tenía que concluir ‘que no había nada’».
Así se le transmitió posteriormente al teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (Diecan), que llevaba el caso. Balas trasladó estos extremos «con preocupación» a los miembros de su unidad y decidió asumir «directamente» la investigación, para protegerlos.
El informe describe una segunda reunión días después: «El DAO manifestó que ‘nos usan’ como ariete contra el Gobierno, sin precisar a quiénes se refería. Asimismo, señaló que el ámbito judicial es el que menos controla el Gobierno, percibiendo esta falta de control, al menos en parte, como una muestra de deslealtad, al no ser informado de los pasos que se van dando en investigaciones como la presente». El encuentro concluyó con el DAO dando orden a la UCO de que se pusiera «de perfil» en la investigación al hermanísimo.
