Publicado: mayo 10, 2026, 2:07 am
Alejandro Luzón es un hombre serio, medido, con carácter. Lleva la carrera fiscal en sus entrañas. Hijo del teniente fiscal del Tribunal Supremo ya fallecido José María Luzón, hermano y sobrino de fiscales, ha mamado la institución desde que nació. Quienes le conocen le han escuchado decir, en más de una ocasión, que en los juicios es «cuando de verdad te sientes fiscal».
Luzón ya protagonizó otros juicios mediáticos, como el de los fondos reservados contra Roldán, el de la mayúscula estafa de Afinsa o el del caso Tabacalera contra César Alierta. Ahora, como miembro de la máxima categoría de la carrera fiscal y jefe de todos los fiscales Anticorrupción de España, ha sido el fiscal del caso Ábalos en el Alto Tribunal.
Por ello, no es descartable que a medida que avanzaba la vista oral a quien fuera mano derecha del presidente del Gobierno, ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, mientras Luzón iba preparando su informe final, sobrevolara por su cabeza una fecha: el 6 de julio de 1998.
Ese día, su padre, el fiscal del caso Segundo Marey, pidió desde el mismo sillón del majestuoso Salón de Plenos del Tribunal Supremo 23 años de cárcel para el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex director general de Seguridad Rafael Vera. Aquel implacable Luzón dijo que «el terrorismo de Estado determina un quebrantamiento del Estado de Derecho».
28 años después, su hijo, el fiscal jefe Anticorrupción, igual de implacable, sostuvo que «la corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y sólo una reacción contundente contra ella puede frenarla». En este caso, el fiscal solicitó 24 años de cárcel para José Luis Ábalos, 19 y medio para su ex asesor Koldo García y siete años para el empresario Víctor de Aldama.
Luzón es fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada desde el año 2017. Desde entonces, ostenta uno de los cargos más sensibles dentro del Ministerio Público. Lo ha desempeñado con seis fiscales generales del Estado distintos, nombrados tanto por el Partido Popular como por el PSOE: José Manuel Maza (fallecido), Julián Sánchez Melgar, María José Segarra, Dolores Delgado, Álvaro García Ortiz y Teresa Peramato.
Siempre ha actuado con lealtad hacia sus jefes porque tiene interiorizado que la carrera fiscal es un órgano jerarquizado. También cuando ha acatado la última orden que le dio Peramato de no rebajar más la pena al comisionista Aldama. Luzón discrepaba con su jefa -entiende que la confesión del empresario ha sido «decisiva» en la trama de corrupción-, pero no la consideró una «orden improcedente» y, en consecuencia, la asumió. Huyó de alimentar un enfrentamiento público con la fiscal general pero dejó meridianamente claro en el juicio que es «posible» rebajar más la petición de siete años de cárcel para el empresario y que todas las reformas legislativas en política criminal, tanto dentro como fuera de Europa, van encaminadas a «incentivar la colaboración de personas que han tomado parte del delito mediante la rebaja sustancial o la exención de la pena».
Los acusados Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García.EL MUNDO
Sin embargo, en el Gobierno de Sánchez, donde existe una concepción patrimonialista de la Fiscalía como un órgano a su servicio -basta recordar aquel famoso «¿de quién depende la Fiscalía?» del presidente-, la figura de Alejandro Luzón resulta incómoda.
En realidad, en Moncloa no le perdonan que Anticorrupción apoyara el 21 de noviembre de 2024 la libertad de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional. Ese día por la mañana, el comisionista había comenzado a tirar de la manta y confesar ante la Justicia sus delitos y los previsibles delitos de Ábalos, Koldo y veremos si de otros miembros destacados del PSOE. La reacción del presidente del Gobierno no se hizo esperar. «Menuda inventada; la estrategia de defensa de este personaje es la mentira», aseguró de manera categórica Sánchez ante las preguntas de los medios de comunicación. «Las declaraciones de un presunto delincuente no merecen crédito ninguno», añadió.
Aldama nunca escondió que esa línea de colaboración que iniciaba perseguía un objetivo claro: salir de prisión, primero, y obtener una atenuación de la pena de cara a futuras condenas, después. El empresario estaba encarcelado de manera provisional en la causa de los hidrocarburos pero, además, se le investigaba en el caso mascarillas.
Y en este contexto, los intereses del Ejecutivo coincidían -¡qué raro!- con la postura del ex fiscal general Álvaro García Ortiz: Aldama debía seguir en la cárcel una temporada.
Sin embargo, esos planes gubernamentales se trastocaron cuando tanto en Moncloa como en Fortuny -sede de la Fiscalía General- se enteraron esa misma tarde, por la alerta enviada por el diario EL MUNDO, de que la Fiscalía Anticorrupción había enviado un escrito a la Audiencia Nacional donde apoyaba la puesta en libertad del empresario. La noticia que avanzó este periódico sentó como un tiro al presidente del Gobierno y también al fiscal general. Imagínense sus caras.
Pero ya no había vuelta atrás. Horas después, el juez Santiago Pedraz decretó la excarcelación de Aldama y esa misma noche el empresario abandonó la prisión madrileña de Soto del Real.
Este episodio no le salió gratis a Luzón. El fiscal jefe Anticorrupción y el fiscal del caso hidrocarburos, Luis Pastor, apoyaron la petición de libertad del comisionista porque habían entendido que su colaboración era sincera, asumiendo la comisión de varios delitos, aportando detalles nuevos a la investigación y matizando otros que obraban en el sumario.
Sin embargo, al día siguiente, García Ortiz llamó a capítulo en su despacho a Luzón y Pastor, reprochándoles que hubieran apoyado la libertad de Víctor de Aldama y diciéndoles que esto suponía un «desprestigio» para la Fiscalía.
El resto de la historia ya es conocido. El comisionista cumplió con la amenaza que hizo a Sánchez a su salida de Soto del Real y los dos hombres de la máxima confianza del presidente, sus escuderos, Ábalos y Santos Cerdán, acabaron entrando en prisión. Mientras, su Gobierno está perseguido por la corrupción derivada del amaño millonario de grandes obras públicas y el PSOE se encuentra bajo la sospecha de haberse financiado de manera irregular.
La otra parte de la historia es menos conocida pero también existió. Meses después de este episodio, una señora llamada Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, confesó en una reunión con el fiscal Ignacio Stampa ser la mano derecha de Santos Cerdán y buscar trapos sucios de Luzón. Moraleja: a los servidores públicos, la defensa del Estado de Derecho, a veces les puede salir cara.
