Publicado: octubre 9, 2026, 12:08 pm
La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre podría condicionar la aplicación de la subida de las pensiones en 2027. Aunque la revalorización anual está vinculada a la evolución de los precios, el calendario político abre la posibilidad de que el incremento no llegue a tiempo para reflejarse en la nómina de enero.
Desde 2021, las pensiones contributivas se actualizan conforme a la inflación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58.2 de la Ley General de la Seguridad Social. La subida debe calcularse a partir de la media de las tasas de variación interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) de los 12 meses previos a diciembre del año anterior.
También está previsto que se actualicen las cuantías de las pensiones mínimas y máximas, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, conforme a las reglas específicas que correspondan a cada prestación.
Dos escenarios para la subida de las pensiones
La principal incógnita es cuándo se aprobará la medida. La constitución de las nuevas Cortes está prevista para el 23 de diciembre y, si la investidura y la formación del Gobierno se prolongan hasta enero de 2027, la revalorización podría no tramitarse a tiempo para la nómina de enero. En este contexto, existen dos posibilidades.
Una opción sería que el Ejecutivo aprobase la revalorización mediante un decreto y lo sometiese a la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que puede ejercer determinadas funciones de la Cámara durante los periodos en los que no está reunida o cuando ha sido disuelta.
Esta vía permitiría adelantar la aprobación de la medida y facilitar que el incremento se aplicase desde enero, evitando posibles retrasos en el cobro. No obstante, su utilización dependería de que se cumplieran los requisitos constitucionales y legales para recurrir al real decreto-ley, así como de la tramitación correspondiente.
La segunda posibilidad es que el Ejecutivo no apruebe la revalorización antes de las elecciones y que la decisión quede pendiente de la constitución del nuevo Parlamento y de la formación del Gobierno. Si la investidura se retrasa, la aprobación de la subida podría llegar en enero o incluso en febrero. En ese supuesto, la nómina de enero podría abonarse inicialmente con las cuantías vigentes en 2026, sin incorporar todavía el incremento correspondiente a 2027.
Sin embargo, un retraso en la aplicación de la subida no implicaría que los pensionistas perdieran el dinero que les corresponde. Una vez aprobada la revalorización, las cantidades pendientes se abonarían con carácter retroactivo.
