Publicado: noviembre 2, 2026, 12:07 am
Las tragedias ferroviarias de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) han precisado que los jueces intervengan no sólo para investigar lo sucedido, sino también como pieza clave en la identificación de los cadáveres así como en la coordinación con el resto de servicios públicos. También han tenido un papel determinante en la preservación de las evidencias en los lugares de los fatídicos accidentes.
Ante este tipo de catástrofes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuenta con el Protocolo de Actuación Judicial en supuestos de Grandes Catástrofes, que fue actualizado el pasado mes de julio, así como con la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes. Ambas herramientas ayudan a los jueces a enfrentarse al reto de dirigir complejas investigaciones, con un gran número de fallecidos y heridos y con la necesidad acuciante de colaboración de las Administraciones públicas.
La realidad revela que, aunque España cuenta en la actualidad con 5.500 jueces aproximadamente, sólo a un grupo reducidísimo les toca a lo largo de toda su vida profesional ponerse al frente de una investigación por una gran catástrofe. Tanto en el caso de Adamuz como de Urda ha correspondido la investigación a juezas jóvenes, prácticamente recién salidas de la Escuela Judicial, pero no por ello menos preparadas.
Los procedimientos en caso de grandes catástrofes están muy regulados. Según recoge el protocolo del Poder Judicial, su objeto es «establecer las directrices de organización, coordinación y actuación de los órganos judiciales y del personal al servicio de la Administración de Justicia en situaciones de emergencia y catástrofe, con el fin de garantizar la continuidad del servicio público de Justicia y asegurar una respuesta judicial inmediata, coordinada, eficaz y resiliente».
A su vez, la Comisión Permanente del Consejo aprobó en 2022 la propuesta de creación de una Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes, integrada por un grupo de jueces que son especialistas en la materia y que prestan asistencia a los instructores de las grandes tragedias como los dos accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda.
EL MUNDO ha conversado con su actual coordinador nacional, el juez Javier García Ferrández, quien deja claro que «siempre se respeta la función jurisdiccional del instructor, es decir, del juez de guardia llamado a intervenir desde el primer momento para el esclarecimiento de los hechos».
Esta red de expertos persigue garantizar la existencia, en el ámbito territorial de todos y cada uno de los tribunales superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, de jueces con conocimientos especializados en materia de gestión de emergencias y catástrofes que puedan asistir técnicamente a los órganos gubernativos y judiciales que lo soliciten. Y, habitualmente, los instructores sí buscan asesoramiento. A su vez, este colectivo se encuentra vinculado al órgano de gobierno de los jueces a través de la vocalía coordinadora de la red de expertos que ejerce el consejero Alejandro Abascal.
Según el protocolo de actuación del CGPJ, son las Salas de Gobierno de los territorios afectados por las tragedias las que, una vez recibida la información sobre la existencia de una emergencia o catástrofe, proceden a la planificación de la toma de decisiones y a la adopción de las medidas necesarias de coordinación con los demás poderes públicos y las autoridades competentes en materia de protección civil y gestión de crisis.
Además, el protocolo del Consejo recoge que las actuaciones médico-forenses y de policía científica «se desarrollarán en todo caso bajo la dirección de la autoridad judicial competente y de acuerdo con las órdenes e instrucciones que esta dicte en el curso de las correspondientes actuaciones procesales».
Por otro lado, la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes se encarga de realizar informes analizando las actuaciones judiciales en cada tragedia con el objetivo de detectar posibles errores.
Como primeras diligencias, la titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo), Aristea Afroditi Ortiz, encargada de investigar la tragedia de Urda, ha ordenado la incautación y custodia por parte de la Policía Judicial de Toledo de las cajas negras de los trenes siniestrados que se encuentren para su posterior análisis. También ha acordado la prohibición de acceso a toda persona ajena a la zona del siniestro del accidente ferroviario de Urda en un radio de dos kilómetros de la vía de alta velocidad Madrid- Sevilla en ambos sentidos. Y en una providencia dictada el sábado pidió más operarios y que se trabaje «de manera ininterrumpida» en las retirada de los vagones. De esta forma, Fuerzas de Seguridad del Estado, equipos de salvamento y sanidad y personal judicial son los únicos que cuenta con la autorización judicial para permanecer en la zona. Y, probablemente para evitar que se repita lo vivido por su compañera en Adamuz, ha prohibido la retirada de cualquier elemento relacionado con el accidente, así como la toma y difusión de imágenes de la zona afectada.
Por su parte, el CGPJ ya ha acordado el refuerzo de su juzgado para que pueda dedicarse en exclusividad a investigar el fatídico accidente de trenes que tuvo lugar elmiércoles en el punto kilométrico 118 de la línea de AVE Madrid-Andalucía.
