Publicado: septiembre 10, 2026, 8:10 pm
La presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha señalado este jueves ante la atenta mirada del Rey Felipe VI que «la realidad que sufre el pueblo de Ceuta exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras y el control ordenado de los accesos y que, asegure, al mismo tiempo la aplicación de las garantías previstas en nuestro ordenamiento».
Perelló ha querido, además, en el acto solemne de Apertura del Año Judicial, hacer una especial mención a quienes han perdido la vida en «la grave crisis en la que está sumida Ceuta».
«En una situación tan complicada, los ciudadanos pueden confiar en el compromiso del Poder Judicial con el Estado; y en que los jueces van a seguir trabajando, velando por los derechos de los afectados y por el cumplimiento de la ley», recalcó.
A lo largo de todo su discurso, la magistrada ha hecho además una férrea defensa del Poder Judicial y de sus integrantes. «El Estado de Derecho requiere un Poder Judicial independiente. Si falta un Poder Judicial independiente desaparece el propio Estado de Derecho, pues ya no existe quien garantice el cumplimiento de las leyes y los principios constitucionales y que todos los ciudadanos y también poderes públicos actúen sometidos a la Ley y al Derecho», recalcó.
Asimismo, la presidenta del TS y el CGPJ no ha eludido ir al choque con el Gobierno durante su intervención frente a las «descalificaciones» de jueces que «proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales». «En los últimos tiempos hemos escuchado acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones. Esta es una imputación de extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva. Una acusación de esta naturaleza pone en cuestión que la actuación judicial responda exclusivamente al Derecho».
En este sentido, Isabel Perelló ha dicho que estos casos la «gravedad» de las descalificaciones es «mayor». «No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción», agregó. La magistrada ha recordado que el Poder Judicial constituye, porque así se lo asigna la Constitución, un «verdadero contrapeso de los demás poderes del Estado».
Además, ha indicado que «la lealtad institucional constituye un principio estructural del Estado constitucional, que exige que cada poder publico actúe en el marco de su ámbito constitucional, reconociendo la legitimidad y la función de los demás. No se trata de una simple deferencia política, sino de una expresión de cooperación constitucional que garantiza el equilibrio entre poderes y el respeto al Estado de Derecho».
La presidenta ha agregado que «las resoluciones judiciales pueden ser criticadas. Puede discutirse la interpretación de la norma, la valoración de la prueba o la solidez y calidad del razonamiento. Las decisiones de los jueces y magistrados no están sustraídas al debate público. (…) Pero la discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos, a partir de la mera discrepancia con lo resuelto, porque, con ello, se desconoce la naturaleza de la función que la Constitución encomienda en exclusiva a jueces y magistrados».
Asimismo, Perelló ha subrayado que «la legitimidad democrática del Poder Judicial deriva directamente de la Constitución, que proclama que la Justicia emana del pueblo. La independencia judicial no constituye una excepción al principio democrático, sino una de sus garantías. La democracia constitucional no se agota en la regla de la mayoría. Se asienta también en el reconocimiento de derechos cuya efectividad no puede depender de la posición política, social o económica de quien los invoca. Los tribunales han de resolver conforme a lo que el Derecho dispone, sin presiones directas ni indirectas».
Como representante de uno de los poderes del Estado, la presidenta del TS y el CGPJ ha señalado que «defender» la Justicia «lejos del corporativismo es defender los derechos de los ciudadanos. Porque nuestra independencia es la mejor garantía que podemos ofrecerles para que estén convencidos de que, a la hora de tomar una decisión, lo haremos sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo».
A la hora de hacer recapitulación sobre la actividad desarrollada por el órgano de gobierno de los jueces, Perelló ha reiterado su compromiso de «trabajar por alcanzar los más amplios consensos, ejerciendo un papel imparcial y neutral, con criterio propio y con un único objetivo: que nuestras decisiones estén al servicio de la justicia y del interés general. Y nunca al servicio de otros intereses (…) Nuestra independencia -en referencia a los jueces- es la mejor garantía que podemos ofrecerles a los ciudadanos para que estén convencidos de que, a la hora de tomar una decisión, lo haremos sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo».
La magistrada ha pronunciado su discurso ante el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y otros representantes públicos como el presidente del Senado, Pedro Rollán, o el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo.
