Publicado: julio 14, 2026, 2:07 pm
Leticia de la Hoz, la abogada del ex asesor ministerial Koldo García, ha negado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez haber cobrado del PSOE, al tiempo que ha calificado de venganza la acusación de la empresaria Carmen Pano, que aseguró que la letrada intentó sobornarla para que negara en sede judicial su declaración sobre haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede nacional de los socialistas.
Así lo han contado este martes fuentes jurídicas a Europa Press tras la declaración como investigada de De la Hoz ante el juez Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para desbaratar las causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que habría liderado el ex dirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la ex militante socialista Leire Díez.
Según las mencionadas fuentes, la abogada ha negado haber cobrado del PSOE por ejercer la defensa de Koldo o por cualquier otra actividad, así como cualquier tipo de vinculación con el partido, si bien no ha aclarado quién lo hizo acogiéndose a su derecho al secreto profesional.
En cuanto a Pano, las fuentes jurídicas han señalado que De la Hoz ha reconocido que tuvo reuniones con ella, pero que en ningún caso se planteó la posibilidad de un supuesto soborno para que cambiase su declaración sobre el dinero que dice que llevó a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.
La empresaria declaró el pasado 27 de abril ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que De la Hoz y un socio de su despacho les comentaron tanto a ella como a su chófer en una reunión que «había gente interesada en hablar» con ellos «sobre las entregas de dinero en Ferraz».
La letrada ha apuntado a una supuesta venganza por parte de la empresaria después de desavenencias entre ellas con una operación relacionada con la venta de una operadora de hidrocarburos, han indicado las fuentes.
Por otro lado, Pano aseguró ante la UCO que en una de las reuniones entre ella y De la Hoz, esta «salió de la sala grande de juntas» para regresar «a los cinco o diez minutos con un teléfono en manos libres mientras conversaba con un hombre mientras les hacía el gesto de que se mantuvieran callados».
Sobre este extremo, las mismas fuentes han indicado que De la Hoz ha declarado que se trataba del director del despacho en el que trabaja, ordenando que no se cobrase por un servicio sin tributar a Hacienda.
Imputación
La abogada de Koldo -que ha respondido a todas las partes- pidió al juez Pedraz personarse como «investigada» en la causa para «poder tomar conocimiento de las actuaciones», pocos días después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara al magistrado que citase como investigada a la abogada.
En concreto, se le imputa «inducir» a Pano y a su chófer, Álvaro Gallego, «a cambio de una cantidad económica, a cometer un delito de falso testimonio variando sus declaraciones» en sede judicial.
Pano sustuvo el pasado 29 de junio en su declaración como testigo ante el magistrado que De la Hoz les ofreció a ella y a su chófer unos 250.000 euros para negar en sus declaraciones en varias causas judiciales la entrega de 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE, ratificando así lo que testificó ante la UCO.
Ante la presunta oferta, Pano mostró «asombro», preguntó a la abogada si era «gente del partido» y De la Hoz habría dicho que sí, que se trataba de «gente del PSOE», añadiendo que «era para salvar el culo a Ábalos y Koldo», según declaró la empresaria a la UCO.
Pano afirmó que dos semanas antes de comparecer ella en sede judicial, desde el despacho de De la Hoz contactaron con Gallego porque querían reunirse con ellos «para hacerles una propuesta».
Según su relato, la letrada les preguntó en otra reunión posterior si habían pensado qué querían a cambio del «favor» y la empresaria le dijo que necesitaba pagar su casa y la boda de su hija Leonor González porque no tenía ingresos.
Pano declaró que De la Hoz le preguntó «cuánto sería eso» y su respuesta fue que quería 25.000 euros para la boda y entre 2.500 y 2.800 euros para el alquiler mensual de su casa, mientras que Gallego añadió que él quería 15.000 euros para la compra de un coche.
Finalmente, la empresaria aseguró ante los agentes que no accedieron a ello y que «las declaraciones judiciales que prestaron se ajustaron en todo momento a la realidad de los hechos».
