Publicado: agosto 18, 2026, 12:11 pm
Nunca antes España había tenido tanta deuda pública en circulación. Las medidas para hacer frente a las crisis que han venido golpeando a la economía desde la pandemia (inflación, Ucrania, Oriente Próximo…) han obligado al Estado a desplegar todo un paquete de medidas cuyo impacto es bien visible en las cuentas públicas. La deuda de las Administraciones alcanzó en junio los 1,763 billones de euros, un nuevo máximo histórico.
El pasivo del conjunto del país aumentó un 4,2% con respecto al mismo mes de hace un año. Sin embargo, la buena marcha de la economía -que se mantiene a la cabeza de las más grandes a nivel europeo- ayuda a reducir la ratio hasta el 101,5%, 1,9 puntos porcentuales por debajo de la de un año antes (103,4%).
Según los datos avanzados por el Banco de España, el saldo de la deuda del Estado ha alcanzado los 1,6 billones de euros. Esto supone un 4,4% más interanual, lo que equivale al 92,2% del PIB mientras que el endeudamiento de Seguridad Social fue de 136.178 millones. Lo que es un 7,9% más interanual y el 7,8% del PIB.
Entre las diferentes administraciones públicas, la deuda de las comunidades autónomas fue de 355.039 millones, equivalentes a un 20,4% del PIB, con un incremento interanual del 3,6%. El pasivo de las corporaciones locales se ha situado en los 21.437 millones de euros, el 1,2% del PIB, después de caer su endeudamiento un 8,1% interanual. Por su parte, la deuda de otras unidades vinculadas a la Administración Central se ha reducido en 1.200 millones de euros respecto a diciembre del año anterior. Por último, por el efecto de la consolidación, la deuda disminuyó en 1.100 millones.
Colocada en valores a largo plazo
Al cierre del mes de junio, la mayor parte de la deuda pública española se encontraba en valores a largo plazo (1.489.495 millones), mientras que el resto se repartía en préstamos (184.917 millones), valores a corto plazo (82.636 millones) y efectivo y depósitos (5.602 millones).
La UE y el problema de la deuda
El Gobierno remitió a finales de abril a la Comisión Europea (CE) un informe anual en el que especificaba el grado de cumplimiento de sus compromisos fiscales. Sobre la deuda pública destaca que había cerrado en un ratio sobre el PIB del 100,7%, por debajo de previsiones anteriores. Las perspectivas de cara a este año, apuntaba el Ejecutivo entonces, era cerrar en el 99,3% del PIB. Esto supondría hacerlo por debajo del umbral del 100% por primera vez desde 2013.
Sin embargo, como viene sucediendo en los últimos años, el Gobierno se ha visto obligado a hacer frente a una nueva crisis que le ha obligado a desplegar nuevas ayudas y apoyos financieros a diferentes sectores económicos como el agrícola. La guerra entre Irán y Estados Unidos, abierta desde marzo, ha bloqueado una de las arteras del comercio internacional como es el Estrecho de Ormuz y tensionado la situación en Oriente Próximo.
El endeudamiento de los gobiernos europeos ya era un problema antes, porque los Veintisiete llevan esta década haciendo frente a crisis de la más diversa naturaleza, procurando que no impactaran de forma directa en el bolsillo de los ciudadanos: Covid, Ucrania, inflación, guerra arancelaria y, ahora, el cierre del Estrecho de Ormuz.
El último giro a la situación geopolítica vuelve a atrapar a la Unión Europea en la enésima crisis después del Covid y, todo lo anterior, en un contexto en que la política monetaria se está endureciendo. El Banco Central Europeo (BCE) ha subido los tipos de interés en una ocasión este año, en junio, pero en su discurso nada indica que vayan a volver los tiempos del dinero barato.
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