Publicado: mayo 4, 2026, 2:07 am
«Tengo sospechas de quién filtró y creo que pudo haber más de una fuente. Lo que yo sé es que yo no lo hice». «Se ha condenado al perseguidor de los delitos por hacer una nota de prensa contando la verdad». Con estas palabras el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo por haber revelado secretos en perjuicio del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, intentó autoexculparse del delito en una larga y cómoda entrevista con el periodista Jordi Évole.
García Ortiz enhebró un discurso victimista ayudado por las preguntas del entrevistador. «Todo fue muy duro», «inimaginable», «un shock», «delirante». El ex fiscal se autorretrató así como un «defensor del interés general» y «la verdad». Un combatiente contra la «calumnia» que desde «la presidencia de la Comunidad de Madrid» se lanzó contra él y, por extensión, «contra la Fiscalía». Un hombre que se dice en periodo «de duelo» y afirma: «Con este procedimiento hemos perdido todos: la Justicia, la fiscalía y el Supremo». Y sólo espera que «el interés particular no gane».
Describió el enfrentamiento a cuenta del caso del novio de Ayuso como «un choque institucional» que requería «dar una respuesta a las calumnias que se estaban vertiendo». De esta forma, justificó su decisión de emitir una nota en la que se confirmaba que la pareja de la presidenta había cometido dos delitos fiscales y era su abogado quien había propuesto al fiscal un pacto de conformidad, y no al revés. De su explicación se desprendió con nitidez una acusación por calumnias contra el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
La emisión de la nota topó con la reticencia de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, para quien el contenido de la misma revelaba datos confidenciales. Lastra declaró en el Supremo no haber dado siquiera los buenos días al fiscal general cuando este, a primera hora, le urgió a publicarla. «Has filtrado los correos», le reprochó ella, y recibió como respuesta un «eso ahora no importa».
García Ortiz aseguró anoche no saber a ciencia cierta qué le dijo Lastra: «Yo estaba muy enfadado e ignoro lo que me dijo». Tampoco quiso abundar en una supuesta mala relación con su subordinada, pero sí recalcó que «la obligación de la fiscal superior es cumplir lo que dice el fiscal general y no oponerse a ello», en tanto que la suya es «dar las órdenes que estime oportunas».
Almudena Lastra fue purgada, la semana pasada, por la sustituta de García Ortiz, Teresa Peramato, nombrada por el presidente del Gobierno.
Sobre Sánchez, ferviente defensor del ex fiscal general hasta el punto de discrepar públicamente de la sentencia del Supremo y dar por hecho que el condenado será resarcido, quizá anticipando su indulto, García Ortiz consideró que ese apoyo «ha perjudicado sin ningún tipo de dudas» a la imagen de la Fiscalía, porque ha reforzado ante los ciudadanos la idea de su «dependencia del Gobierno».
De la misma manera, afirmó, que la frase de Sánchez -«¿De quién depende la Fiscalía?… Pues, eso»- dando a entender que el Ministerio Público está a sus órdenes, «perseguirá a todos los fiscales». «Eso», dijo, «no se corresponde con lo que dice la ley».
Lo que sí evitó fue hablar mal de los magistrados del Supremo que lo condenaron. Y ello, a pesar de que el entrevistador lo alentó a arremeter contra Manuel Marchena, Antonio del Moral y Carmen Lamela.
García Ortiz se presentó como un hombre herido y señaló varios momentos del proceso que le resultaron dañinos. Así se refirió, por ejemplo, a la incautación de su teléfono por parte de la UCO y al borrado que él mismo hizo de su contenido coincidiendo con su imputación. «No tengo una explicación concreta de por qué lo hice ese día (…) Nunca imaginé que fueran a disponer de mi móvil (…) Tengo todo el derecho del mundo a borrar el contenido de mi teléfono cómo y cuando quiera (…) La libertad del individuo es la esencia de la democracia». Y añadió que el que se le requisara el teléfono fue para él algo «muy intimidante» y llegó a temer que la información «ultrasensible» que contenía acabara «goteando en un medio de comunicación».
Igualmente habló del registro de su despacho: «Fue un shock. Qué falta hacía entrar en el despacho del fiscal general si el delito se había consumado con la publicación de la nota. Fue delirante».
También aseguró que de haber dimitido en el momento de la imputación le habría originado un «problema político» a Pedro Sánchez e insistió en que siempre tuvo «el convencimiento» de que «no iba a ser condenado». Por eso, añadió: «Para mí la sentencia fue una sorpresa muy dura».
En los compases finales de la entrevista, García Ortiz perfiló los atributos de un fiscal general «nombrado por un Gobierno progresista» -«va a defender los derechos humanos, va a creer en la memoria democrática y en que no debe haber delitos de odio»- en contraposición con los de uno «conservador» que son, dijo, «los de quien crea que las personas han de ser tratadas desigualmente; que no proteja a los inmigrantes; que no crea en la violencia de género ni en que este país merezca que la fiscalía ayude a recuperar la memoria colectiva del franquismo y la dictadura». Y a la pregunta final del entrevistador: «¿Existe ese perfil dentro de la Fiscalía?» La respuesta: «Existe, naturalmente».
