Publicado: mayo 1, 2026, 2:07 pm
El Gobierno se ha plegado una vez más a los intereses de Cataluña y del País Vasco y ha cedido a las comunidades autónomas la competencia de la selección y la promoción de los profesores universitarios. Los decretos que desarrollan la Ley de Universidades (Losu) de 2023 permiten que, por primera vez, sean las agencias de calidad regionales, en vez de la agencia estatal Aneca, las que establezcan los criterios para evaluar a los aspirantes que opten a una plaza. Hasta antes de la Losu era la Aneca la que se encargaba de evaluar al grueso del personal, con una acreditación nacional y con los mismos requisitos en toda España. Los profesores auguran que ahora se puede producir «una falta de homogeneidad», porque habrá distintas condiciones según los territorios. El «pluralismo lingüístico», por ejemplo, se encuentra entre los nuevos méritos que se tendrán en cuenta para entrar o ascender en las universidades.
El Ministerio de Universidades tiene en el horno un nuevo proyecto de real decreto que regula el procedimiento para la acreditación del «profesorado permanente laboral». La acreditación es el primer paso en los procesos de selección y promoción de profesores: consiste en una evaluación para comprobar si los méritos de los aspirantes superan el umbral de experiencia necesario para concurrir en concursos de acceso a plazas.
El profesorado permanente laboral es una nueva figura de docentes e investigadores contratados -no funcionarios- que sustituye a la figura del contratado doctor, que se extingue. Creada por la Losu, se trata de una copia de los modelos catalán y vasco, donde los llamados agregats catalanes o agregados vascos tienen mucho peso en las plantillas a pesar de no ser funcionarios.
Fuentes universitarias interpretan que este proyecto de real decreto, que aún tiene que ser aprobado en Consejo de Ministerios y es susceptible por tanto de ser modificado, supone «una catalanización del modelo nacional», pues sigue el camino de la agencia de acreditación AQU Catalunya -dependiente de la Generalitat y las universidades públicas-, que lleva décadas evaluando a los agregats con criterios propios y distintos a los de la Aneca estatal.
Esto que era algo excepcional y circunscrito a Cataluña y al País Vasco se permitirá ahora en toda España, tanto para los que quieran ser contratados como para los que aspiren a una plaza de funcionarios (real decreto 678/2023) como para los doctores fichados por la privada. Para todos ellos, serán las comunidades autónomas quienes, «de acuerdo con sus competencias», establezcan mecanismos de evaluación y acreditación del profesorado.
«Relevancia local»
En este sentido, el nuevo procedimiento de acreditación «debe garantizar» «el pluralismo lingüístico» y «la relevancia local» de los candidatos, entre otras cuestiones, así como «una evaluación tanto cualitativa como cuantitativa de los méritos docentes y de investigación, y en su caso de transferencia del conocimiento». «Pluralismo lingüístico» es una nueva expresión suficientemente ambigua para que quepa todo, al gusto de cada región.
En las universidades catalanas hasta ahora no ha habido que demostrar saber catalán para acreditarse, pero existe un decreto de 2010 que obliga a hacerlo en los concursos de acceso a plazas de agregados y funcionarios. Los campus no han sido muy estrictos hasta 2022, cuando se comenzó a pedir a los profesores el nivel C1 para promocionar. En el País Vasco, la agencia Unibasq da más puntos a los candidatos a agregados que han hecho la tesis en euskera o demostrado su nivel en esta lengua, y para los concursos depende del perfil de la plaza.
Fuentes del sindicato CSIF dicen que con este nuevo decreto «se trata de dar carta de legalidad a las figuras laborales que se habían creado en Cataluña, fundamentalmente, y en el País Vasco, equiparables a profesores titulares y catedráticos». «Una agencia autonómica podrá poner unos requisitos que no establece otra, como la lengua cooficial, que hasta ahora la Aneca no había pedido. Esto supone una desigualdad y una falta de equidad. No hay ningún acuerdo entre las agencias autonómicas para establecer los mismos criterios», alertan estas fuentes, que lamentan que el Ministerio no les haya informado de la existencia de este proyecto de real decreto.
También UGT se queja por que una norma «tan determinante para el futuro del profesorado universitario, así como sus condiciones laborales, no haya sido negociada ni consensuada con los representantes legales de las personas trabajadoras». Denuncia que «no existe a nivel nacional un desarrollo homogéneo de las agencias autonómicas» y que «no se regulan los mecanismos por los cuales se asegure el reconocimiento de acreditaciones entre las agencias autonómicas, y entre las agencias autonómicas y la propia Aneca».
«El sistema se atomiza y se convierte la universidad en un reino de taifas autonómico», lamentan otras fuentes universitarias, que creen que el hecho de que sean las agencias autonómicas y no la Aneca las que se encarguen de la acreditación puede dar lugar también a que los gobiernos autonómicos coloquen a personas de su cuerda, pues son las agencias, dependientes de los gobiernos autonómicos, las que fijarán los criterios y formarán y controlarán las comisiones de selección.
«Similitud» con los funcionarios
Por otro lado, el borrador del real decreto, que deroga uno de 2002 de la ex ministra de Educación del PP Pilar del Castillo, establece una «similitud de características» entre los nuevos profesores permanentes laborales, que son contratados, y los profesores titulares y catedráticos, que son funcionarios. «El contrato será de carácter fijo e indefinido, con derechos y deberes de carácter académico y categorías comparables a los del personal docente e investigador funcionario», señala.
De hecho, con una única solicitud se podrá conseguir la acreditación tanto para profesor laboral como para profesor funcionario. Y las comisiones para valorar las solicitudes para titular y catedrático serán, en consecuencia, competentes para evaluar y resolver las peticiones de los contratados.
