Publicado: mayo 5, 2026, 6:07 pm
Ramón Alzórriz Goñi (Pamplona, 1973) no sólo era el dirigente del Partido Socialista de Navarra que abrazaba a María Chivite para celebrar su reelección como presidente pese a no haber ganado las elecciones en 2023 sino que, sobre todo, fue desde julio de 2017 a junio de 2025 el sustituto de Santos Cerdán en la maquinaria política e institucional de Navarra. Casi un año después de ser relegado de sus cargos por ocultar a María Chivite que su pareja trabajó para Antxon Alonso en Servinabar, la juez del juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona cree que hay indicios de presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias con Alzórriz y la constructora Adentro Construimos como responsables. Alzórriz, al que Chivite protegió manteniéndole como parlamentario, es un cargo aforado y será el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TJSN) el encargado de investigar si el Gobierno de Chivite benefició a Adentro Construimos con cuatro contratos menores para que, después, la constructora compensara las adjudicaciones de 800.000 euros con la remodelación del piso de Alzórriz en el centro de Pamplona.
La jueza de instrucción de Pamplona ha necesitado casi un año para decidir que la querella presentada en junio por Vox contra Alzórriz y contra los responsables de Adentro Construimos incorpora documentación que advierte ante sendos posibles delitos de cohecho y de tráfico de influencias. Pero la jueza advierte en la apertura de estas diligencias previas que Ramón Alzórriz es un parlamentario aforado por lo que deberá ser el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) el órgano judicial que lleve a cabo la investigación de los presuntos vínculos delictivos que unen cuatro obras menores en el parque de Sendaviva en la ribera navarra con el piso en el centro de Pamplona que Alzórriz adquirió cuando dirigía el PSN tras heredar la secretaría de Organización de Santos Cerdán.
Vox formalizó en junio de 2025 la denuncia sobre la sospechosa adjudicación directa de cuatro contratos menores adjudicados a Adentro Construimos para arreglar los desperfectos ocasionados por un incendio en el parque de Sendaviva. Una de las obras se asignó el 7 de noviembre de 2023 y las tres restantes el día 20 del mismo mes. Los conceptos de los arreglos incluían arreglos de caminos, adecuación de una plaza, urbanizar el acceso al parque y construir un nuevo edificio. Sorprendentemente, cada una de ellas estaba valorada entre los 190.000 euros y los 199.999 euros. El límite para que adjudicar como contrato menor y adjudicación directa por empresas públicas en Navarra se establece en 200.000 euros. Tras encargar las obras a Adentro Construimos se llegó a estimar que el costo de algunas de ellas superaba en 10.000 euros lo calculado.
Vox no solo denunció los hechos ante la Justicia sino que exigió en el Parlamento de Navarra la comparecencia del director general de Navarra Impulsa Cultura Deporte y Ocio (NICDO) Ramón Urdiain. Esta sociedad pública del Gobierno de Chivite es la administradora única de Parquenasa, la sociedad anónima propietaria del parque de Sendaviva. NICDO -que posee el 45% de las acciones de Parquenasa- está integrada en la Corporación Pública Navarra (similar a una Sepi foral) que dirigía el consejero José Luis Arasti. Urdiain advirtió que no fue él quién eligió a Adentro Construimos para estas cuatro obras; que hubo otra adjudicada a otra empresa y; por último, que todo el proceso fue validado posteriormente por los órganos de control del Gobierno de Chivite que facilitaron las subvenciones para el pago de los casi 800.000 euros. Explicaciones que no convencieron al portavoz y único parlamentario de Vox Emilio Jiménez que vinculó a Adentro Construimos no solo con la reforma del piso de Alzórriz sino también con la de la propia sede del PSN en el centro de Pamplona.
Alzórriz, secretario de Organización y portavoz parlamentario del PSN en 2023, encargó la reforma de un piso que compró con su pareja en Pamplona. La remodelación de la vivienda, según la licencia de obra aportada por Vox, fue presupuestada en 38.000 euros; una cantidad que el partido de Santiago Abascal considera muy inferior al coste real de las obras realizadas en el inmueble.
La investigación judicial también se extenderá al consejero de Economía y Hacienda José Luis Arasti. La juez instructora advierte en su auto de un defecto formal en la querella presentada por Vox que fuentes del partido en Navarra han confirmado que subsanarán en el plazo de tres días establecidos. De ratificarse la presunta vinculación de Arasti como responsable en 2023 de la Corporación Pública de Navarra con los hechos investigados se abrirá la posibilidad de que el caso acabe siendo investigado por el Tribunal Supremo porque el consejero navarro también se encuentra aforado por su cargo en el gabinete de María Chivite.
Las diligencias previas dictadas hoy sobre los posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias vuelven a colocar el foco jurídico y político sobre el PSN y sobre la presidenta navarra María Chivite. Unión del Pueblo Navarro (UPN) ya ha anunciado que se personará en la causa como acusación particular. «El cerco se estrecha contra María Chivite, también en un asunto que huele mal y que puede afectar tanto a su ex número dos y, no olvidemos, todavía parlamentario, como a su actual consejero de Economía y Hacienda», ha advertido hoy el partido de Cristina Ibarrola.
