Publicado: julio 20, 2026, 8:08 am
El Gobierno se adentrará pronto en terreno inexplorado si sigue adelante con su objetivo de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año que viene que, de salir adelante, serían los primeros de la legislatura. El Ejecutivo llevará de nuevo al Consejo de Ministros del martes la senda de estabilidad (las metas de deuda, déficit y regla de gasto) que PP, Junts, UPN y Vox tumbaron la semana pasada en el Congreso de los Diputados. La ley le obliga a volver a presentarlas para poder avanzar en el trámite presupuestario, si bien le da un plazo de un mes desde su rechazo y le permite modificarlas. Ninguna de las dos cosas va a suceder.
Esos topes que volverán a presentarse el jueves en el Pleno de la Cámara Baja recibirán, con toda probabilidad, un nuevo veto, lo que obligará a tomar como referencia aquellos que se comprometieron en el último Plan Fiscal y Estructural a medio plazo remitido a la Comisión Europea. El departamento que encabeza Arcadi España ya movió ficha en otra ocasión, con María Jesús Montero al frente, para tratar de esquivar el bloqueo parlamentario.
En 2024 tomó un informe de la Abogacía del Estado que, según defendía la propia Montero, permite elaborar los Presupuestos utilizando como referencia los objetivos fiscales comprometidos con Bruselas cuando el Congreso rechaza dos veces la senda propuesta. Al final, el Ejecutivo optó por no seguir adelante con el trámite presupuestario y no tuvo que adentrarse en esa vía. La diferencia entre este escenario y aquel está en la entrada en vigor de las reglas fiscales europeas el pasado 1 de enero de 2025. Bajo estas nuevas normas no está claro que la opción que entonces proponía Hacienda sea factible.
Mismos objetivos… mismo discurso
Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman a este diario que seguirán adelante con los objetivos previstos e inciden en que no tiene sentido votar en contra de otorgarle una décima más de margen fiscal a las comunidades autónomas. Las actuales metas permiten a las regiones incurrir en un déficit del 0,1% los tres próximos años, lo que implica un margen extra de gasto de 5.849 millones de euros.
Esto supone que el Estado asumiría la mayor parte del esfuerzo a la hora de reducir el agujero presupuestario y que las entidades locales deberán cerrar esos tres ejercicios con déficit cero. Mientras, la vuelta a la senda comprometida con la Comisión Europea obligaría a las autonomías a cerrar en equilibrio, por lo que no contarían ni con esa décima de déficit extra ni con ese mayor margen de gasto.
La senda de estabilidad fija una reducción progresiva del déficit público para el conjunto de administraciones hasta el 1,8% del PIB en 2027, al 1,6% en 2028 y hasta el 1,5% del PIB en 2029. Estos límites ya fueron rechazados hace meses y llevaron al Gobierno a desistir de la aprobación de unas nuevas cuentas y a prorrogar las de 2023. «No se puede reclamar más capacidad de gasto y luego votar en contra de los instrumentos que permiten tenerlo», aseguró el ministro España durante el debate parlamentario de la senda de estabilidad y del techo de gasto.
Este último asciende a la cifra récord de 226.032 millones de euros, que es el montante que se dedicaría a respaldar toda la política económica y la acción del Ejecutivo. Este límite de gasto no financiero supone un incremento del 6,6% con respecto al que se había fijado en 2025 para este ejercicio (14.006 millones más), un que nunca llegó a ver la luz al renunciar el Gobierno a presentar las cuentas públicas.
Las tres prórrogas consecutivas de los presupuestos más longevos de la historia reciente y las dificultades que sigue teniendo la coalición para lograr los apoyos parlamentarios suficientes siembran de nubarrones el tramo final de la legislatura. Tanto la oposición como alguno de los socios de gobierno dan por hecho que las cuentas serán una «excusa» para adelantar las elecciones generales al primer trimestre de 2027 y poner así fin a la legislatura con un motivo ajeno a la crisis judicial que cerca al PSOE desde hace meses.
