Publicado: octubre 14, 2026, 4:07 am
Aunque en el Gobierno se afanan en trasladar una imagen de «absoluta normalidad» en la visita de los Reyes a Ceuta y a Melilla, la posibilidad de que acabe desencadenando un choque diplomático con Marruecos tiene incluso precedentes históricos. De hecho, en La Moncloa asumen en privado que podría implicar algún tipo de represalia, como la llamada a consultas de la embajadora en España de Rabat, que fue lo que ya ocurrió en 2007 tras el viaje oficial de Juan Carlos I y Doña Sofía a las ciudades autónomas -primero y hasta ahora último desde la restauración de la Monarquía- en protesta por su presencia en territorios que el reino alauí considera «ocupados».
Hasta tal punto se están tratando de hacer malabarismos para evitar una reproducción del conflicto que en el Ejecutivo central llegaron a justificar este martes que no hubieran informado de la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas ceutís los días 30 y 31 de julio -desvelada el lunes por El País-, coincidiendo con la llegada masiva de más de 70.000 personas de forma ilegal, al considerarlo «un hecho puntual», pero al mismo tiempo «habitual». Lo que argumentan en el equipo de Pedro Sánchez para no aclarar por qué el presidente no dio cuenta de esta circunstancia durante su comparecencia monográfica en el Congreso del mes de septiembre es que «se resolvió» a través de las «relaciones de buena vecindad» entre ambas naciones.
«Es un viaje histórico, pero que se enmarca dentro de la más absoluta normalidad de un viaje de los Reyes a dos ciudades españolas», despejó la portavoz del Gobierno, Elma Saiz -que este miércoles acompañará a Don Felipe y Doña Letizia en su visita a Melilla-, al ser preguntada en rueda de prensa sobre si se temen represalias por parte de Marruecos. «Quiero recordar que desde 2007 no se produce una visita real y que también fue bajo una Administración socialista», recalcó en referencia a la organizada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.
Fuentes de Moncloa insistieron posteriormente en la «excelente relación diplomática» con el país vecino y señalaron que confían en que en dicho contexto concluya la estancia del Monarca y su mujer en los dos únicos territorios españoles ubicados en el continente africano. En su intervención durante la ceremonia de apertura de la nueva legislatura parlamentaria del viernes pasado, Mohamed VI no hizo ninguna alusión explícita al respecto.
La visita de los Reyes a las ciudades autónomas, coordinada entre Zarzuela y el Gobierno, ha venido precedida por una tensión soterrada entre ambas instituciones a raíz de la crisis abierta por la avalancha de inmigrantes en la frontera ceutí de finales de julio sobre el momento oportuno para realizarla. De hecho, se llegó a considerar como un reproche que Sánchez dijera en una entrevista en la Ser a principios de septiembre que había «argumentos y razones suficientes» para que el Rey fuera «por fin», algo que recalcó no se había producido por parte de la Corona en 20 años ni con presidentes del PSOE ni del PP.
Paquete de 45,3 millones
Coincidiendo con este viaje, el Consejo de Ministros aprobó en su sesión de este martes un «paquete extraordinario» de 45,3 millones de euros destinados a Ceuta, 40,6 millones para gastos corrientes y 4,6 millones para gastos de capital extraordinario y servicios esenciales. Además, el titular de la cartera de Hacienda, Arcadi España, detalló que se han presentado 1.909 solicitudes de ayudas para autónomos y empresas afectados por la anomalía de la situación en la ciudad de las cuales 1.020 ya están en trámites de ser abonadas.
Según el último balance oficial, hasta este lunes se habían realizado triajes a 4.432 adultos en situación irregular y 11.686 personas habían regresado a Marruecos, de las cuales 10.161 lo han hecho de forma voluntaria y 525 han sido expulsadas. En cuanto a los menores, la cifra de niños y adolescentes filiados es de 3.019 y el reparto que ya ha comenzado -89 por reagrupación familiar y 173 por reubicación obligatoria en la Península- se está realizando «prácticamente en todas las comunidades autónomas», incluidas algunas gobernadas por PP y Vox en las que se había manifestado un rechazo a la acogida obligatoria en aplicación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, aunque no se precisó en cuáles.
