Publicado: octubre 14, 2026, 4:08 am
La licitación para renovar los conciertos sanitarios de Isfas -la sanidad concertada de los trabajadores del Ministerio de Defensa- y Mugeju -que da cobertura al Ministerio de Justicia- ha comenzado con la sombra de Muface presente. Tanto el Gobierno como las aseguradoras quieren evitar una crisis similar a la ocurrida en la mutua que presta servicio a los funcionarios civiles del Estado y personal docente, que cuestionó la viabilidad del modelo. Precisamente, una de las lecciones que dejó el choque entre el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública fue la necesidad de acometer reformas sobre un sistema que lleva cinco décadas en funcionamiento.
En este sentido, los pliegos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogen un contrato de un año de duración. Fuentes cercanas explican a La Información Económica que el objetivo pasa por acompasar su duración con la de Muface, que también expira en 2027, y poder así abordar de manera conjunta los retos que presentan las tres modalidades. Entre los puntos críticos más inminentes a poner encima de la mesa figuran la revisión de las coberturas y el envejecimiento de los mutualistas, que deriva en un mayor gasto sanitario. Aunque la edad media varía en función de la mutua, todas presentan un incremento gradual de la misma.
Con datos de 2023, un estudio elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), arroja que la edad media de Isfas y Mugeju se situaba en los 54 y los 56 años, respectivamente. Por sus características, la siniestralidad de los seguros de salud suele ser del 100%, dado que si se tiene contratado se suele hacer uso de ellos. Esto unido al progresivo aumento de edad del colectivo centra la mayor parte del debate en torno a la eficiencia y los costes del sistema. Cabe recordar que Mapfre y Sanitas se descolgaron de la anterior licitación de Mugeju alegando falta de rentabilidad económica. En su lugar, prestan dicho servicio SegurCaixa Adeslas, Asisa y Nueva Mutua Sanitaria. En el caso de la sanidad al personal militar también figuran las dos primeras.
Los últimos ejercicios han venido condicionados por una alta inflación que ha presionado al alza los costes sanitarios. Las pérdidas estimadas por los tres grupos aseguradores en el concierto 2022-2024 rondaron los 200 millones anuales como consecuencia del desajuste entre el coste real de la asistencia sanitaria y la prima por paciente. En este contexto, en el caso la mutua del Ministerio de Defensa el incremento aplicado a las primas fue del 16,5% en el conjunto de los dos años, mientras que en Justicia fue del 16,5% el primer año y del 17,15% el segundo. Sin embargo, el ‘hermano mayor’ no logró cerrar un acuerdo con las aseguradoras hasta que el Gobierno mejoró en más de un 40% las tarifas a tres años.
Ahora las condiciones recogidas en la Plataforma de Contratación del Estado plantean una inyección de 88 millones para el modelo judicial y de 609 millones para el militar. La subida prácticamente es mínima en ambos si se tiene en cuenta que para el conjunto de dos ejercicios fue de 175 y 1.201 millones, respectivamente. Asimismo, el nuevo marco establece una estructura de primas divididas en siete tramos de edad. Entre las novedades figura el establecimiento de varios requisitos para acotar los tiempos de espera tanto en atención primaria como en especialista.
Se tramitará mediante el procedimiento acelerado en un escenario que viene marcado por la celebración de elecciones generales el próximo 29 de noviembre, por lo que no sería descartable que se pueda aplicar una prórroga administrativa forzosa de los mismos. El plazo para recibir ofertas expira el próximo 26 de octubre, por lo que deja su futuro en manos de las aseguradoras. El presidente de Grupo Mutua, Ignacio Garralda, ya dejó claro hace unos meses que la línea roja para garantizar su continuidad pasa por no entrar en pérdidas. Dicho de otro modo, no aceptarán unas condiciones con margen de beneficio nulo.
