El Gobierno da más poder a los estudiantes de las universidades: lo que los profesores enseñan cada curso tendrá que contar con el visto bueno de los alumnos

Publicado: mayo 11, 2026, 8:07 am

El Gobierno ha reforzado el poder de los estudiantes en las universidades. Lo que los profesores enseñan cada curso tendrá que contar con el visto bueno de los alumnos, que también participarán en la elaboración de normativas que les afecten e incluso ayudarán a confeccionar aquellas que tengan que ver con sus propias huelgas estudiantiles. Por primera vez, el paro académico se legitima y se reconoce como un derecho.

Son cambios recogidos en el borrador del proyecto de real decreto del Estatuto del Estudiante Universitario. El texto, del Ministerio de Diana Morant, deroga uno similar de 2010, aprobado cuando el ministro era Ángel Gabilondo, también del PSOE. En aquel ya se reconocía el derecho de los estudiantes a «participar corresponsablemente en el proceso de toma de decisiones y políticas estratégicas», pero apenas se desarrollaba. Ahora se amplían más derechos que introdujo en 2023 la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu).

El borrador establece, en este sentido, que «la programación docente de cada curso será aprobada por los órganos competentes en cada caso y en cada universidad según la normativa de ésta, asegurándose que lo sean por un órgano con representación del estudiantado».

Por programación docente se entiende lo que enseñan los profesores cada curso, las metodologías, la forma de evaluar, la dotación de docentes, los recursos y los equipamientos de aprendizaje. Son cuestiones de las que, hasta ahora, se han encargado los departamentos o los centros. Los alumnos tenían derecho a conocerlas con antelación suficiente, pero no podían dar el visto bueno a la programación docente. Ahora se va un paso más allá en una medida que será polémica entre los profesores.

Derecho a huelga académica reconocido

Los alumnos tendrán también el derecho a «ser oídos y participar en los procesos de elaboración o modificación de normativa universitaria que afecte al estudiantado, así como participar en los procesos de gestión de la calidad académica». Es un derecho que en el decreto de 2010 era más limitado, pues sólo se podía participar en el establecimiento de las normas de permanencia en la universidad, en la elaboración de las memorias de verificación de los títulos y en el diseño de programas de becas, asuntos que se mantienen en la actualidad y se refuerzan con otros nuevos.

Por primera vez se reconoce el derecho a la huelga de los estudiantes, respetando, eso sí, el derecho de los que sí quieran asistir a clase. El decreto dice que las universidades tienen que desarrollar las condiciones para el ejercicio de ese derecho y el procedimiento de declaración del paro académico, que será efectuada por el órgano de representación del estudiantado. Tanta voz tiene aquí la representación estudiantil que «deberá ser oída y participar en la elaboración de las normativas reguladoras del paro académico estudiantil de su universidad».

A cambio de tener más influencia, se establece una mayor vinculación con el Gobierno. El Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, que en 2010 se definía como «el órgano de deliberación, consulta y participación de los estudiantes ante el Ministerio», ahora es «el órgano colegiado del Ministerio de participación, deliberación y consulta del estudiantado».

Un tercio en la privada

El decreto recuerda que en esta década las universidades han protagonizado «importantes cambios» y ha cambiado el perfil del estudiante. Por ejemplo, los alumnos de la privada han pasado de representar el 7% del estudiantado en 2000 al 29% en 2025/26. Los que cursan estudios virtuales superan ya el 27%, «una de las proporciones más elevadas de los países desarrollados europeos».

El número de alumnos extranjeros, mientras tanto, ha crecido un 30%, la mayoría de estudiantes son mujeres (57%), se focaliza el incremento de matrículas en los máster y crece la importancia de los que compaginan los estudios con el trabajo (el 30%, alcanzando al 69% en los máster y al 89% en el doctorado).

El real decreto desarrolla los derechos y deberes de los estudiantes en todos los centros tanto públicos como privados, así como en los centros adscritos y de formación permanente, en los grados, en los máster y en los doctorados, atendiendo a estas nuevas realidades. Por ejemplo, el texto da mucha importancia a compaginar la actividad académica con la actividad laboral del estudiantado y a garantizar las prácticas, que cotizan a la Seguridad Social.

Inserción laboral

Además, las universidades deberán facilitar a sus alumnos indicadores de calidad académica y de inserción laboral de las carreras. Y por primera vez se podrá reconocer hasta con seis créditos en los planes de estudio de los grados las actividades de participación social, de cooperación al desarrollo, de sostenibilidad, así como de difusión y conocimiento científico y culturales y artísticas.

El nuevo decreto es sensible al problema de la vivienda y obliga a las universidades a «promover» el alojamiento de los estudiantes «en condiciones de dignidad y suficiencia». Dice incluso que las becas deberían tener en consideración el gasto de los pisos, colegios mayores o residencias para aquellos casos en que el acceso a los estudios implique movilidad residencial, e igualmente deberán «valorar las posibilidades de incorporar los diferentes niveles del coste de la vida según las provincias donde se ubique la facultad».

Es novedoso también para los estudiantes el «derecho a la desconexión digital», como tienen los trabajadores. Si el decreto de 2010 hablaba de brindar asesoramiento «en materia de salud», ahora se insiste en la «salud mental». En un máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto, todas las universidades deberán tener protocolos de prevención y actuación contra el suicidio, contra el bullying y «contra el acoso y ciberacoso sexual, por razón de sexo, por orientación sexual y por identidad y/o expresión de género».

El borrador dice también que «el Consejo de Universidades establecerá unos criterios básicos comunes para que las universidades puedan responder a las solicitudes de cambio de género y nombre en los expedientes del estudiantado, atendiendo a lo establecido en la legislación que les sea de aplicación».