Publicado: septiembre 28, 2026, 6:08 am
España es un país en el que una mujer de 87 años, con discapacidad y una pensión de apenas 1.350 euros, puede ser expulsada de la casa en la que ha vivido 70 años sin que nadie la acuse de no pagar. Un país en el que la empresa propietaria rechaza la renta que ella misma exigía, ofrecida por una particular y por el propio Estado, porque su negocio no es cobrar un alquiler, sino disponer libremente de un activo. Un país en el que el Gobierno quiere comprar esa vivienda y no puede, y en el que Naciones Unidas pide detener el desalojo y nadie la escucha. No son paradojas accidentales: son el retrato de un sistema que falla.
Falla, en primer lugar, en lo esencial. Cuando el interés económico de una sociedad que vive de la rentabilidad de sus inmuebles prevalece sobre el derecho de una anciana con discapacidad a seguir en su casa, algo se ha hecho mal.
El artículo 33 de la Constitución somete la propiedad privada a su función social, y el 128 subordina al interés general toda la riqueza del país, sea cual sea su titularidad.
La Constitución reconoce además el derecho a una vivienda digna, ordena impedir la especulación y obliga a garantizar a los mayores, mediante pensiones suficientes, una vida digna.
Ignorar la renta de quien cobra 1.350 euros y no proteger a quien lleva 70 años en su hogar es olvidar pasajes fundamentales de nuestro pacto constitucional. Falla también la justicia cuando elige al más fuerte.
Si el Tribunal Supremo prefiere la lectura de la ley que deja a la parte débil a merced de la poderosa, y si las peticiones de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos se quedan en papel mojado, la conclusión es inevitable: la legislación española no trata la vivienda como un derecho humano, sino como una mercancía susceptible de especulación y beneficio, incluso a costa de la protección que se espera de un Estado social y democrático de Derecho.
No lo descubrimos ahora. Esa constatación llevó a UGT a denunciar al reino de España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. Sostenemos que la regulación y la actuación de los poderes públicos no garantizan un derecho reconocido en la Declaración Universal y en la Carta Social Europea, y que la responsabilidad es compartida: del Estado, pero también de unas comunidades autónomas que tienen las competencias decisivas y que, demasiadas veces, renuncian a usar los instrumentos que la ley les ofrece.
Concluido el expediente, estamos pendientes de una resolución que hoy es más necesaria que nunca. Mientras llega, los desahucios continúan. El caso de Maricarmen demuestra que los parches no bastan y que hay que cambiar la ley con ambición. Si la función social de la propiedad ha de ser algo más que retórica, las viviendas con alquileres de larga duración habitadas por personas vulnerables deben poder ser expropiadas y pasar a manos del Estado.
Como alternativa, en situaciones de necesidad, las administraciones competentes deberían fijar un justiprecio que tenga en cuenta la situación y las condiciones de la persona inquilina, y que la propiedad podría aceptar para evitar la expropiación. Se puede seguir siendo propietario, pero no a costa de dejar en la calle a una anciana.
Nada de ello bastará si no se ataca la raíz del problema. Hay que limitar el precio de los alquileres allí donde el mercado está tensionado, sin que ninguna comunidad autónoma pueda seguir dando la espalda a una herramienta que la ley ya ofrece. Y hay que impulsar, con decisión y con recursos, un parque de vivienda social y pública que lo sea para siempre, porque sin él no habrá alternativa real para quien el mercado expulsa.
Todo ello exige un cambio de naturaleza: reconocer la vivienda, como reclamamos ante el Comité Europeo, como un derecho plenamente exigible ante todas las administraciones públicas y, en su caso, como derecho fundamental ante los tribunales. Y exige que España respete los derechos humanos y los dictámenes y resoluciones de los órganos internacionales que velan por ellos.
Un Estado que ratifica tratados y después ignora a quienes vigilan su cumplimiento debilita su propia credibilidad democrática. Nada de esto es radical. Radical es sacar en camilla a una mujer de 87 años de la casa de toda su vida. La dignidad de la persona es el fundamento de nuestro orden político, y ninguna persona en este país debería volver a sufrir lo que ha sufrido Maricarmen.
