Publicado: julio 23, 2026, 6:08 pm
El Gobierno ha salvado este jueves el primer obstáculo parlamentario para sacar adelante la ley con la que pretende condonar 83.252 millones de euros de deuda autonómica, que asumiría el Estado. El rechazo anunciado por Junts a las enmiendas a la totalidad que habían presentado PP y Vox permitirá que la norma siga tramitándose en el Congreso y no vuelva al Gobierno. Si estas hubieran prosperado, la propuesta habría decaído a las primeras de cambio, como ya le sucedió a la ley de reducción de la jornada laboral a 37 horas y media el año pasado.
No obstante, la tramitación que le espera a esta iniciativa será difícil. Junts ha dejado claro que los 17.000 millones de deuda catalana que asumiría el Estado le parecen insuficientes y presionarán para que esa cuantía se incremente. «Desde Junts pensamos que se tiene que condonar toda la deuda. No se puede menospreciar a los catalanes reduciendo la deuda menos de la mitad de lo que se va a reducir en Andalucía«, ha señalado Josep Maria Cruset, diputado de la formación neoconvergente.
En su intervención inicial, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido que la condonación facilitará que las autonomías puedan volver a financiarse en el mercado y ha pedido a PP y Vox que «no bloqueen» que las comunidades que quieran, puedan beneficiarse de ella. «Dejen que cada comunidad decida libremente y no cierren la puerta a aquellas que sí que quieren ver reducido su pasivo», ha señalado.
Desde el Partido Popular, Juan Bravo, vicesecretario general de Hacienda de la formación, ha trasladado que la condonación «es un pago para salvar a Sánchez» y que lo único que sucede es que «cambia el titular del recibo», en referencia a que es el Estado quien asume la deuda y esta no desaparece. «No condona nada y perjudican al que cumple. Quita más al que más se endeudó, no me parece lo más adecuado», ha señalado.
Por su parte, desde Vox, el otro grupo que ha presentado enmiendas a la totalidad, han calificado la condonación como «una operación extraordinaria pactada con grupos independentistas». «El mensaje es que no merece la pena ser responsable en la gestión, se quien gasta sin control acaba siendo rescatado, que quien administra mejor acaba pagando la fiesta del vecino», ha defendido el diputado Pablo Sáez.
Un acuerdo de investidura
La condonación de la deuda nace del acuerdo que firmaron ERC y el PSOE en 2023 para investir a Pedro Sánchez en la actual legislatura. Entonces, solo trascendió que las dos partes habían pactado que el Estado perdonase 15.000 millones a Cataluña (el 20% de su deuda) y que esta posibilidad se ofrecería también al resto de autonomías de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra).
El resto de comunidades tuvieron que esperar a febrero del año pasado para conocer cuánto les correspondería y los criterios utilizados para el cálculo. Entonces, la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que serían algo más de 83.000 millones de euros. Una cuantía que refleja el endeudamiento que asumieron las autonomías durante la gran crisis financiera, pero que tendría que haber asumido el Estado, según justificó Hacienda.
El perdón de esa deuda supondría un ahorro total de 6.700 millones en intereses para las autonomías beneficiarias que estas podrían usar para gasto social, según ha trasladado Hacienda en numerosas ocasiones. No obstante, la Airef advirtió de que ese ahorro en intereses no afecta a la regla de gasto y, por tanto, no suaviza los límites fiscales. La autoridad fiscal también aconsejó introducir condicionalidad a esa condonación, algo que el proyecto de ley no recoge.
El reparto de los 83.252 millones que se condonarían con la ley, beneficiaría especialmente a Andalucía, a quien corresponderían 18.791 millones, y Cataluña, que disfrutaría de un alivio fiscal de 17.104 millones (2.000 más de los previstos originalmente). Tras ellas, aparece Comunidad Valenciana, con 11.210 millones de quita asignados, Madrid (8.644 millones), Castilla-La Mancha (4.927 millones) o Galicia (4.010 millones).
Tras ellas, aparecen Castilla y León (3.643 millones), Murcia (3.318 millones), Canarias (3.259 millones), Aragón (2.124 millones), Baleares (1.741 millones), Extremadura (1.718 millones), Asturias (1.508 millones), Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).
Montero se comprometió a tener lista la ley antes de abril, para que las comunidades que desearan acogerse a la quita pudiesen perfilar los detalles técnicos antes del verano. Conviene recordar que, en caso de que se aprobase la norma, las comunidades autónomas tendrían que firmar acuerdos individuales de adhesión con Hacienda para hacerla efectiva.
La quita permitiría aliviar la situación financiera de las comunidades más endeudadas, que llevan años sin poder financiarse por sí mismas en los mercados y dependen del Estado. La Comunidad Valenciana, con una deuda equivalente al 40,4% de su PIB, Murcia (31,1%), Cataluña (27,8%) y Castilla-La Mancha (27,6%) son las cuatro autonomías con peor situación. Salvo Cataluña, el resto pertenecen al bloque de las denominadas ‘infrafinanciadas’, es decir, las que reciben menos fondos por habitante.
