Publicado: mayo 18, 2026, 1:07 am
El empresario peruano Enrique Baca Arbulu, investigado en el marco del caso Plus Ultra, al que se vincula al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, se ha puesto a disposición del magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, para evitar su detención.
Los hermanos Baca –Felipe y Enrique- se encuentran en el origen de la investigación abierta por el rescate estatal a la aerolínea que, a su vez, ha situado en el punto de mira de los investigadores los negocios del ex presidente del Gobierno. La figura de Zapatero ha irrumpido en las diligencias a raíz de la detención de unos de sus pagadores, el empresario Julio Martínez Martínez, conocido como Julito.
Después de que la Audiencia Nacional ordenara la detención, extradición desde la isla caribeña de Aruba y puesta en libertad del empresario Felipe Baca, su hermano ha movido ficha y ha remitido un escrito al juez Calama donde le informa de que su residencia se encuentra fijada en Perú. El empresario pide al juez que «en caso de confirmarse las fuentes periodísticas que vienen anunciando la posición de investigado de Enrique Baca en esta causa nos tenga por comparecidos».
En el escrito, al que ha tenido acceso EL MUNDO, la defensa de Enrique Baca sostiene que «es mandato de nuestro cliente que expresamente manifestemos en su nombre su total disposición para acudir a este tribunal si así fuere requerido, todas y cuantas veces sea llamado para ello».
En el escrito remitido al juzgado, su letrada indica que ignora «si del mismo modo que le ha sucedido a su hermano Luis Felipe, también a Enrique se le hubiera intentado notificar infructuosamente en su antiguo domicilio en Madrid alguna resolución, dictándose una orden de detención del mismo modo contra él bajo la equívoca idea de que pudiera ser un prófugo o estar evadiendo cualquier llamada de este tribunal. Nada más lejos de la realidad. Y sirva a tales efectos como muestra de ello la presente comparecencia formal que, por lo demás, facilita cualquier citación o notificación que proceda».
Asimismo, con el claro objetivo de evitar una detención por orden judicial, su abogada recalca que, «llegado el momento, bastaría con que nos indiquen señalamiento de la fecha que mejor convenga a este tribunal y Enrique Baca acudirá voluntariamente a su citación, como no podía ser de otra manera. En consecuencia, cualquier otra medida coercitiva o restrictiva de derechos, como una orden de detención, resultaría en este caso particularmente innecesaria por lo que, de existir, interesamos que sea levantada y dejada sin efecto una vez constatada con esta comparecencia la puesta formal a disposición del tribunal».
La Fiscalía Anticorrupción puso el foco en los hermanos Baca al principio de las pesquisas del caso Plus Ultra tras la información facilitada por Francia y Suiza -vía comisión rogatoria- en relación con las operaciones de préstamo de la aerolínea española de capital venezolano.
Enrique Baca contaba con varias sociedades en Madrid dedicadas a actividades de intermediación, asesoramiento económico o inversiones inmobiliarias, mientras Felipe Baca trabajó en un banco suizo. La instrucción de causa, que permanece bajo secreto de sumario, ha ido sumando delitos y del blanqueo de capitales inicial se ha ampliado a otros tipos delictivos como pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y apropiación indebida.
En el auto de prórroga del secreto, el juez Calama ha señalado que la estructura delictiva investigada «presenta ramificaciones internacionales, con indicios de transferencias de fondos al extranjero, utilización de sociedades interpuestas, y operaciones financieras de especial complejidad».
El instructor prorrogó el pasado 28 de abril el secreto de sumario, explicando que un levantamiento prematuro del mismo daría pie a una posible destrucción de pruebas, alteración de documentos, o incluso a la «sustracción a la acción de la Justicia de personas implicadas, máxime cuando se investiga una estructura con capacidad operativa transnacional». También indicó que podría facilitar «la destrucción u ocultación de fuentes de prueba y activos aún no plenamente identificados».
En la actualidad, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se encuentran analizando el material que fue incautado en las entradas y registros practicados el pasado mes de diciembre. La UDEF trabaja en estos momentos en la elaboración de dos atestados policiales sobre estas últimas diligencias practicadas que serán claves para dar un impulso a la causa que mantiene en vilo al PSOE y el Gobierno, por la posible implicación del ex presidente Zapatero.
