Publicado: octubre 28, 2026, 5:07 am
El poder que pretendía disciplinar a Mahsa Amini terminó convirtiendo su rostro en una bandera. La joven iraní murió en septiembre de 2022, a los 22 años, después de ser detenida por la policía de la moral por incumplir las normas sobre el velo obligatorio. Su fotografía recorrió el mundo. En las calles de Irán, mujeres que se descubrían el cabello desafiaron algo más que una imposición de vestimenta: reclamaron la autoridad sobre sus propias vidas. La misión de investigación de la ONU concluyó que Amini murió como consecuencia de la violencia sufrida bajo custodia.
Aquella rebelión dejó una pregunta que también interpela a Europa: qué libertad existe cuando una mujer no puede decidir cómo mostrarse ante los demás. Las últimas restricciones al burka en Portugal y en las escuelas italianas sitúan esa discusión en las democracias que deben conciliar la libertad religiosa con la igualdad y las reglas de convivencia. El rostro cubierto se ha convertido en una frontera política: para unos, una expresión personal protegida por los derechos individuales; para otros, un símbolo de subordinación que una sociedad abierta no debe aceptar.
Irán y Europa no regulan la misma prenda ni plantean el mismo conflicto. Las manifestantes iraníes combatían la obligación de cubrirse el cabello; las prohibiciones europeas del burka y el niqab afectan al ocultamiento de la cara. Pero entre ambos debates aparece una cuestión común: quién tiene la última palabra sobre el cuerpo de una mujer. La familia, la comunidad, las autoridades religiosas, el Estado o ella misma.
La protesta iraní mostró el error de presentar el velo como una costumbre necesariamente consentida. Quitárselo podía ser un acto de insubordinación. También obliga a distinguir entre la convicción personal y la obediencia obtenida mediante amenazas, dependencia o miedo. La ausencia de una obligación escrita no resuelve cuánto margen tiene una mujer para negarse. Tampoco permite presumir que todas las que se cubren carecen de voluntad propia.
Dignidad
Esa tensión estaba ya en el origen de la prohibición francesa. En junio de 2009, Nicolas Sarkozy sostuvo ante el Parlamento que el burka planteaba un problema de libertad y dignidad de la mujer. Lo describió como un signo de sometimiento, al tiempo que defendía que el islam debía recibir el mismo respeto que las demás religiones. La distinción contenía el argumento político que después recorrería Europa: proteger una creencia no obliga a aceptar todas las prácticas que se justifican en su nombre.
Francia aprobó su ley en octubre de 2010 y comenzó a aplicarla en abril de 2011. Su prohibición de ocultar el rostro en los espacios públicos precedió tanto a la llegada de refugiados de 2015 como al levantamiento iraní. El conflicto llevaba años abierto: cuánto puede exigir la República a sus ciudadanos y qué sucede cuando una práctica defendida como religiosa entra en tensión con la igualdad.
En la tradición republicana francesa, comparecer con la cara descubierta tiene un significado que supera la identificación policial. El rostro permite el reconocimiento mutuo, la comunicación y la relación entre iguales. Desde esa perspectiva, ocultarlo de forma permanente levanta una barrera en el espacio compartido. El argumento adquiere una dimensión adicional cuando esa barrera se exige a las mujeres y no a los hombres.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos aceptó en 2014 la prohibición francesa por la protección de las condiciones de la convivencia. Introdujo, sin embargo, un límite: la igualdad entre sexos no basta para prohibir una práctica a mujeres que la reivindican como ejercicio de sus derechos. Estrasburgo admitió el veto dentro del margen de decisión estatal, sin establecer que prohibir fuera la única respuesta democrática.
Otros países
Después de Francia llegó Bélgica, en 2011. Bulgaria, Austria y Dinamarca aprobaron sus prohibiciones entre 2016 y 2018. Suiza votó el veto en referéndum en 2021 y lo puso en vigor en enero de 2025. Portugal se incorporó el pasado septiembre. El rostro descubierto se ha convertido en una exigencia legal en una parte de Europa, aunque las excepciones y el alcance de las normas varían.
En otros países, la frontera está en la puerta de determinados servicios. En Países Bajos se puede caminar por la calle con niqab, pero no utilizarlo en un autobús, un hospital, una escuela o un edificio administrativo. Alemania exige a funcionarios y militares que muestren la cara durante el servicio. También deben hacerlo quienes participan en una vista judicial, salvo las excepciones que autorice el tribunal. La identificación, la comunicación y la valoración de las pruebas imponen límites.
La siguiente batalla está en las aulas. El Gobierno de Meloni aprobó en septiembre un decreto que prohíbe el burka y el niqab en las actividades escolares. Austria ha ido más lejos: este curso impide llevar pañuelo islámico a las alumnas menores de 14 años en escuelas públicas y privadas, aunque deje visible el rostro. Francia prohibió en 2023 la abaya, la túnica larga, en sus centros públicos. Aquí la discusión ya alcanza a prendas que no impiden reconocer a quien las lleva. Los gobiernos invocan la integración, la protección de las menores o, en el caso francés, la laicidad escolar.
A veces, el conflicto se resuelve en una piscina. Una alumna musulmana pidió en Alemania quedar exenta de las clases mixtas de natación por motivos religiosos. El Tribunal Administrativo Federal rechazó su petición en 2013: podía asistir con burkini. La adaptación de la ropa permitía respetar su creencia; la obligación de participar garantizaba que aprendiera con los demás.
La polémica por el veto al velo parcial en Azerbaiyán
El 21 de septiembre, una resolución aprobada por el Consejo de Ministros de Azerbaiyán prohibió el uso de cualquier prenda en la escuela que «contradiga el principio de educación laica». No lo decía expresamente, pero era un veto al hiyab o velo islámico parcial en una país donde el 96% de su población se identifica como musulmana.
La norma ha llevado a docentes, padres y alumnos a manifestarse -ha habido 200 detenidos- en un país que se define en su Constitución como un Estado laico, aunque pesa la religión. La prohibición del hiyab se enmarca en la tensión que existe con Irán. En respuesta al veto, ‘hackers’ proiraníes atacaron webs azerbaiyanas en una acción considerada como «guerra híbrida».
