Publicado: octubre 28, 2026, 12:07 am
Dolores, Juan Carlos y Yerai, el hijo de ambos, se encuentran un callejón sin salida. Acaban de entregar las llaves de la vivienda en la que residían en Marchena, tras ser desalojados, y llevan una semana acampados en plena calle en el centro de este municipio sevillano para denunciar la situación que atraviesan. Han llamado a casi todas las puertas: al Ayuntamiento de Marchena, al Defensor del Pueblo andaluz, a la Junta de Andalucía… Pero, de momento, no hay respuesta.
Esta familia se ha quedado sin un techo en el que dormir y llevan nada menos que siete años buscando un piso de alquiler a precio asequible sin conseguirlo. «No queremos ayudas, sólo una vivienda de alquiler en la que entren las sillas de ruedas», explica a EL MUNDO Dolores Cortés, de 52 años.
Esta familia necesita una vivienda adaptada a la discapacidad que sufre Yerai, de 18 años, que nació con hidrocefalia, lo que lo mantiene postrado en una silla de ruedas. Su madre, tras una grave caída hace unos tres o cuatro años, también está en silla de ruedas. No pueden, por lo tanto, alquilar un piso sin ascensor. «Un bajo sería lo ideal, pero con cualquier vivienda en la que podamos entrar sería suficiente, luego nosotros ya la iremos acomodando. Pedimos algo para no vernos en la calle«, implora Dolores. Están inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda desde 2019 para poder acceder a un inmueble público, pero no han recibido ninguna oferta.
Decidieron acampar en el centro de Marchena, en la calle peatonal de San Pedro, el pasado 20 de octubre, una semana antes de la fecha fijada para entregar las llaves de la vivienda en la que residían. El padre, Juan Carlos Luque, de 52 años, duerme en la calle, en la tienda de campaña que han instalado, y unos vecinos han dado permiso a la madre y al hijo para dormir en el rellano de un bloque de viviendas que hay al lado. «Se están portando muy bien con nosotros todos los vecinos. A veces se acerca alguien a darnos comida, pero no nos hace falta comida ni nada de eso, sólo queremos una vivienda donde podamos meternos», resume Dolores.
El matrimonio y el hijo residían en la casa de la madre de Dolores en Marchena, pero los problemas surgieron cuando hace unos siete años falleció la dueña de la vivienda y el resto de hermanos quisieron disponer de ella. «Yo les ofrecí a mis hermanos pagar un alquiler y quedarme con la casa, pero no les pareció bien». Entonces, los hermanos de Dolores la denunciaron en el juzgado para desalojarla. Al juez le pidieron que reconociera la vulnerabilidad de la familia, pero «no lo aceptó».
Ante la posibilidad de que la casa saliera a subasta, según el relato de Dolores, ella y sus cuatro hermanos firmaron un acuerdo en virtud del cual, ella, su marido y su hijo abandonarían la vivienda por 17.000 euros. Esa suma es un quinto del valor de la casa, que es lo que le corresponde a Dolores al repartir el inmueble entre los cinco hermanos herederos. «Tenía seis meses de plazo para cumplir el desalojo y pensamos que en ese tiempo encontraríamos un alquiler, pero no ha sido así», lamenta.
Con las pensiones que cobran, esta familia sólo podría costearse un alquiler de unos 400 euros. El padre, que trabajaba en un matadero, se lesionó la espalda y se encuentra de baja permanente. Percibe una pensión de unos 780 euros y su hijo, 750 euros. Los ingresos se completan con algo más de 300 euros del ingreso mínimo vital y otros 455 euros correspondientes a la Ley de la Dependencia. En total, 2.285 euros. Aunque han intentado comprar una vivienda, los bancos les deniegan la hipoteca porque no valoran la suma total de los ingresos que perciben, sino cada una de las pensiones de forma separada. Para que les concedieran el crédito para adquirir el inmueble, la pensión tendría que ser, como mínimo, según Dolores, de 1.000 euros.
La mala suerte se ha cebado con ellos. Hace dos décadas, el matrimonio compró una casa en la que sólo estuvieron viviendo tres o cuatro años porque se la embargó el banco. Todavía arrastran deudas por esa compra. «De cien euros y pico que pagábamos de hipoteca se subió a casi 800 euros», recuerda Dolores.
Defensor del Pueblo
Hace un mes, presentaron una queja en el Defensor del Pueblo andaluz en la que relatan el periplo de los últimos años y solicitan a «la administración responsable que adopte las medidas oportunas para garantizar que las necesidades específicas de esta unidad familiar sean efectivamente atendidas dentro de los procedimientos de acceso a la vivienda» pública.
También se han dirigido a la dirección provincial en Sevilla de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía (AVRA) para que se inste a las administraciones competentes a que les ofrezca una «respuesta expresa, concreta y motivada» sobre su petición de vivienda pública que se hizo efectiva en 2019, cuando se apuntaron en el Registro de Demandantes de Vivienda.
La inscripción en este registro público «no puede convertirse, en supuestos de especial vulnerabilidad, en una espera indefinida carente de una respuesta material por parte de las Administraciones competentes», dice el escrito presentado ante la Junta. La actual regulación andaluza de vivienda establece «cupos específicos y sistemas diferenciados de adjudicación para viviendas» destinadas a personas con discapacidad o movilidad reducida. Por ello, la existencia de viviendas adaptadas debe constituir una «respuesta efectiva a las necesidades de aquellas unidades familiares que, como la presente, acrediten una necesidad real y específica de accesibilidad», añade el escrito.
Los decretos Maricarmen
En Marchena, «alquileres hay pocos y de viviendas adaptadas a personas con discapacidad muchos menos», explica a este diario el trabajador de una inmobiliaria del municipio sevillano que conoce a la familia que ha acampado en la calle porque también está buscando algún local o trastero para guardar sus enseres.
Aunque esta familia lleva años buscando un alquiler que se adapte a sus necesidades, fuentes de la inmobiliaria han señalado que los últimos decretos aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez sobre vivienda, tras el polémico desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid, han venido a complicar aún más las opciones para una familia vulnerable. «Los propietarios, si les llega un perfil así se lo piensan».
