El censo cierra mañana con decenas de miles de electores del exterior que no saben si su voto será válido

Llegó el día D de la ley de nietos. Hoy acaba el plazo de reclamaciones al Tribunal Supremo de los afectados por la suspensión del voto y mañana comienzan los envíos electorales a los españoles registrados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El censo quedará cerrado, pero con una rendija para anular decenas de miles de votos que ahora quedan en el aire. ¿Por qué? Porque la Junta Electoral Central (JEC) -que también se reúne hoy, a las 12.00 horas- ha previsto que el caos burocrático prosiga.

El procedimiento electoral sigue su curso. Los envíos electorales ya están preparados, según fuentes de la Oficina del Censo Electoral, a la que la JEC le ha ordenado que los mande en el plazo estipulado, pero con una salvaguarda que permitirá rechazar o anular esas decenas de miles de papeletas. A los votantes en el exterior se les van a hacer llegar los dos sobres de votación -el del Congreso y el del Senado-, otro sobre grande en el que deben meter esos dos, un documento con la normativa del voto exterior y, lo más importante, la certificación censal. En este último documento se introducirá una advertencia a modo de coletilla: su voto puede no ser definitivo, porque habrá personas afectadas por la suspensión decretada por el Supremo. Esto añade cierto margen temporal para conseguir reunir el listado de personas, a posteriori de los envíos.

Pero no hay optimismo en Exteriores, precisamente. Va a ser «materialmente imposible», creen fuentes del Ministerio, que los consulados aporten, uno a uno, los datos de los 163.020 afectados por el veto. Y el Supremo lo sabe. El escenario que se abre es incierto, cuando menos. La dirección general de Asuntos Consulares cuenta con información de una treintena de consulados y embajadas que la están subiendo a una plataforma habilitada para ello. Además, la Oficina del Censo ha recibido una base de datos informatizada del Ministerio de Justicia con los nombres de 70.000 de los 163.020 afectados. La directora de la Oficina -que irá hoy también a la reunión de la JEC- ya aseguró que están intentando cruzar esa información con la suya. Pero nada de eso es suficiente.

En todo caso, quedan decenas de miles de personas por inventariar. Y de ellos, las fuentes diplomáticas consultadas concluyen que apenas podrán probar que sí pueden votar «unos cientos». A lo sumo, miles. ¿Por qué? Porque necesitan un certificado que resulta difícil de conseguir. El Tribunal Supremo asegura que «no regirá la suspensión» del voto cuando los funcionarios consulares «expidan, bajo su responsabilidad», una certificación que acredite que esas personas acreditaron documentalmente ser hijos o nietos de exiliados «por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual», como fija la Ley de Memoria, pero no la instrucción posterior del Ministerio de Justicia.

«Los funcionarios tienen miedo. Es difícil que se puedan lograr certificados, porque la responsabilidad es del consulado. Sólo se logrará materializar unos cientos, los que estén muy claros», apuntan fuentes del proceso.

Además del cierre del censo, mañana, habrá dos momentos más para comprobar quién de los 163.020 se queda fuera de la suspensión y pueden votar. Primero, en los días anteriores al 29-N, que es cuando se emite el voto CERA. Segundo, en el escrutinio, el 4 de diciembre.

Si el listado definitivo llega a tiempo, se les podrá dejar votar o no se anulará su voto. Pero si el día del escrutinio llega y el TS no tiene un listado final de afectados, entonces el lío será mayúsculo. El Alto Tribunal podría verse obligado dejar pasar las papeletas de todos los vetados, y habría impugnaciones masivas.