Publicado: octubre 20, 2026, 10:07 pm
Todo esto empezó cuando, el 19 de octubre de 2022, el BOE publicó la Ley de Memoria Democrática, aprobada por mayoría simple de la izquierda en el Congreso, depositario de la soberanía nacional. Conforme a su disposición adicional octava, accederían a la nacionalidad española y, tarde o temprano, al voto los hijos o nietos de exiliados por causas políticas en la Guerra Civil y la Postguerra.
Seis días después, la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública amplió la cobertura a todos los descendientes de quienes hubiesen salido de España entre 1936 y 1955 por la razón que fuera sin que ello figurara en la ley. La directora general de Seguridad Jurídica era Sofía Puente Santiago, fiscal de larga experiencia y hermana de Óscar Puente Santiago, ministro conocido por insultar, acosar en redes y arrumbar en la ultraderecha simbólica a cualquiera que critique a Pedro Sánchez.
Sofía Puente fue nombrada en el cargo gracias a un real decreto firmado por el entonces ministro de Justicia Juan Carlos Campo, cuyo salto directo desde el Gobierno al Tribunal Constitucional que ahora quiere decidir sobre el caso provocó un monumental escándalo y dejó moribunda la ya lacerada reputación del órgano de garantías.
La generosísima interpretación que Sofía Puente hizo de la ley ha propiciado que 1,3 millones de personas que nacieron fuera de España soliciten el pasaporte. En atención a un recurso de Vox y una asociación judicial, el Tribunal Supremo ordenó al Ministerio de Asuntos Exteriores que desglosara las nacionalizaciones realizadas de acuerdo al texto de la ley -aquellos que hubiesen demostrado ser hijos o nietos de exiliados políticos- de las que no. Según la Dirección General de Asuntos Consulares, esto obliga a revisar 163.020 procesos. El derecho de sufragio de los afectados queda suspendido hasta que se determine quién cumple con la voluntad del legislador.
La cifra es alta, pero no la mayor entre los beneficiarios. Otras 195.872 personas sí han logrado pasaporte acogiéndose a un apartado de la misma norma: el que amplía la nacionalidad a los hijos de quienes la lograron por la Ley de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero en 2007. En total, 369.017 extranjeros se habrían convertido en españoles antes del 31 de agosto de 2026.
El PP, experto en pescar en esos caladeros, ha acusado sin mucha insistencia al Gobierno de realizar «ingeniería electoral». Como es costumbre, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha redoblado la apuesta al insinuar que el voto por correo podría ser otro foco de manipulación.
No ayuda a disipar dudas que hayan dirigido Correos el ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, y la fontanera Leire Díez. Ambos están siendo investigados por organizar una cloaca para coaccionar y eliminar físicamente a quienes perseguían las actividades supuestamente ilícitas del entorno del presidente del Gobierno, una juez inclusive. Serrano y Díez ya estaban en Correos en las elecciones de 2023 y ni existe prueba ni tampoco sospecha de fraude.
Aunque nada determina que se vaya a producir un pucherazo, la derecha suspicaz ha encontrado su mejor aliado en el propio Sánchez. Éste, por motivos que él sabrá, se ha atribuido el beneficio de la maniobra de la hermana de su ministro: «Si votan los nietos de los franquistas deben votar los que sufrieron el exilio». A la izquierda, claro está. Se ve que, según sus cálculos, no estaríamos ante un colectivo políticamente heterogéneo.
Además, ha volcado todo el aparato del Estado que controla – la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional, donde su ex ministro habita- en lograrlo para estas elecciones.
El apresurado derecho al sufragio de 163.020 personas que nunca han residido en el país ni forman parte de su comunidad política parece haberse convertido así en una cuestión existencial para la democracia española. Algo insólito cuando en procesos similares, como en las elecciones europeas o las nacionalizaciones de sefardíes, las cosas no son tan inmediatas en tiempo y espacio.
Si el candidato socialista tuviera algún interés en despejar el proceso electoral de las sospechas de trampas podría ensayar un método: dejar de hacerlas. Por trampas se entiende vulnerar la ley electoral para hacer del Consejo de Ministros un comité de campaña y aprovechar la Diputación Permanente para sacar adelante leyes electoralistas sin que pasen por el pleno del Parlamento, que representa a la sociedad.
El total de solicitantes de nacionalidad equivale a los votantes del País Vasco. El de los que ya son españoles, a los electores cántabros. Muchos escaños de la España despoblada se deciden por pocos votos. Se está convirtiendo en un ejercicio de voluntarismo creer, como yo creo, que la ley de nietos no determinará el resultado final. Pero el daño está hecho.
Si el 29N se decide por un margen estrecho, la mitad de España puede irse a la cama pensando que el Gobierno nace de un censo adulterado. Por exceso o por defecto. La democracia es un procedimiento. Si se rompe la fe en éste, la pasta se habrá salido definitivamente del tubo.
