Publicado: octubre 20, 2026, 6:08 am
El Tribunal Supremo vuelve a tumbar las cuentas del Gobierno sobre la indemnización por el rescate de las autopistas R-3 y R-5 de Madrid y le exige que cierre, sin más demora, la responsabilidad patrimonial definitiva por la resolución anticipada de la concesión. En una sentencia fechada el 6 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima parcialmente el recurso de varios fondos de titulización y entidades financieras acreedoras y deja sin efecto las liquidaciones aprobadas por el Consejo de Ministros en diciembre de 2021 y diciembre de 2023. No determina, sin embargo, una cifra ni ordena pagar cantidad alguna, y rechaza el resto de las peticiones de los recurrentes, que reclamaban más de 918 millones de euros.
El fallo llega después de otros dos varapalos judiciales al cálculo del Ejecutivo. En enero, el Supremo estimó parcialmente el recurso de Accesos de Madrid, la empresa concesionaria de las autopistas, contra la liquidación complementaria de 2023. En junio hizo lo mismo con el recurso de la constructora Sacyr, que también había impugnado ese cálculo. Ahora, al resolver la demanda de los acreedores, el tribunal vuelve a anular la liquidación complementaria y deja sin efecto, además, la primera, aprobada en 2021.
El pronunciamiento se enmarca en el largo contencioso derivado del colapso de las autopistas radiales de Madrid, uno de los episodios más complejos del modelo concesional español. El origen se remonta a la concesión adjudicada en 1999 para construir, conservar y explotar las R-3, entre Madrid y Arganda del Rey, y R-5, entre Madrid y Navalcarnero, además de un tramo de la M-50. La explotación comenzó en 2004 y el contrato tenía una duración prevista de 50 años. Sin embargo, el desplome del tráfico tras la crisis económica de 2008 hizo inviable el proyecto, lo que condujo a la insolvencia de la concesionaria y a la apertura de la fase de liquidación del concurso de acreedores en noviembre de 2017.
Desde entonces, el Gobierno intenta calcular cuánto debe reconocer por la terminación anticipada de la concesión. Es lo que se conoce como responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), la cantidad que corresponde reconocer por las inversiones cuando la concesión termina antes de tiempo. El Gobierno aprobó una primera liquidación en diciembre de 2021 y una complementaria dos años después, tras las correcciones exigidas por sentencias anteriores. Esta última resolución contemplaba un pago a cuenta de unos 450 millones de euros a Accesos de Madrid y la retención provisional de otros 92 millones.
Esa cadena de liquidaciones es la que han combatido los fondos de titulización y entidades financieras que adquirieron la deuda vinculada a la concesión. La Abogacía del Estado cuestionó su legitimación, pero el Supremo la rechaza al entender que, como acreedores afectados por el rescate de las autopistas, tienen derecho a cuestionar cómo se ha calculado la compensación.
Urge al Ejecutivo cerrar la indemnización
Resuelta esa cuestión, el tribunal insiste en que el Gobierno deje de encadenar cálculos provisionales, subrayando que el Consejo de Ministros, «siguiendo su propio esquema cronológico», no dictó una liquidación definitiva sino la complementaria, y lo hizo antes de la sentencia de 2025. El tribunal no acepta, en cambio, la petición de declarar inactiva a la Administración por la vía utilizada por los demandantes. Aunque reconoce que los plazos previstos para las actuaciones previas se han superado ampliamente, considera que eso no permite estimar esa reclamación concreta.
