Publicado: octubre 7, 2026, 10:08 am
En plena tormenta social y política por la situación de la vivienda en España, con el Gobierno intentando sacar adelante los dos decretos en la Diputación Permanente tras ser rechazados por el Congreso de los Diputados el pasado viernes, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado este miércoles la apertura de un expediente sancionador a un portal inmobiliario que opera en todo el país por posibles prácticas comerciales desleales contra los consumidores. La investigación realizada por la Dirección General de Consumo se inició después de recibir una denuncia de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU.
Según ha informado el departamento que dirige Pablo Bustinduy, las prácticas comerciales desleales con los consumidores «constituyen una infracción administrativa conforme al artículo 47.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, pudiendo ser sancionado como infracción grave, con multas de hasta 100.000 euros o entre 4 o 6 veces el beneficio ilícito obtenido».
Se trata de la primera vez que Consumo abre un expediente de este tipo por una infracción de la que es directamente responsable la plataforma, ya que en otras ocasiones se hizo por la información que los dueños de las casas tenían en sus anuncios.
Consumo también ha anunciado este miércoles que vigilará que los grandes portales inmobiliarios cumplan con el primer real decreto-ley de vivienda aprobado este martes en Consejo de Ministros y que entrará en vigor este jueves tras ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque su aprobación definitiva deberá hacer en un plazo de 30 días en la Diputación Permanente.
Por ese motivo, el ministerio tiene previsto enviar en las próximas horas una circular a las grandes plataformas inmobiliarias para informarles de las nuevas obligaciones en materia de publicidad de pisos en alquiler que incorpora el real decreto ley.
En este sentido, el artículo 20 señala la obligación de indicar el precio de referencia en los anuncios de pisos en alquiler, aunque esta exigencia se aplicará solo en zonas consideradas como tensionadas. «Toda oferta o publicidad de arrendamiento deberá incluir, al menos, el índice de referencia del precio del alquiler de vivienda previsto en la legislación vigente siempre que el inmueble se ubique en una zona de mercado residencial tensionado», establece la nueva redacción del primer decreto. El sistema de precios de referencia puesto en marcha por el Ministerio de Vivienda ofrece un rango de precios para cada inmueble en función de su ubicación y sus características.
También deberá figurar en el anuncio la renta del último contrato de arrendamiento de vivienda habitual vigente en los cinco años anteriores, además del número, código o título identificativo de la unidad arrendada y si el propietario es un gran tenedor -posee más de diez inmuebles o de cinco en aquellas comunidades que hayan endurecido este requisito—.
Consumo considera que con esta información «los potenciales inquilinos podrán conocer cuál es el precio de referencia para las administraciones de la vivienda que quieren alquilar, o la renta del último contrato» y «comparar el precio ofertado por el casero con el precio que se considera adecuado, y si se están realizando subidas respecto a los últimos inquilinos».
Multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro
No es la primera vez este año que el ministerio que dirige Pablo Bustinduy expedienta o sanciona a determinados actores del sector inmobiliario. En mayo de este mismo año, Consumo ya inició un expediente a una gran inmobiliaria que también alquila miles de inmuebles en toda España. El ministerio había identificado cuatro potenciales infracciones como la imposición de un seguro de impago al inquilino o la aplicación de una penalización desproporcionada por cada día de retraso en la entrega de la vivienda.
Además, el pasado mes de abril Consumo ratificó una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra sus inquilinos. La resolución devino firme y agotaba la vía administrativa después de que el ministro Pablo Bustinduy resolviese el recurso de alzada interpuesto ante él. La inmobiliaria cometió seis infracciones tipificadas como muy graves y una como grave al vulnerar los derechos de los consumidores y aprovechar su posición de predominio de mercado.
