Publicado: julio 8, 2026, 2:08 am
El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el techo de gasto con el que se elaborará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de cara al año próximo. Una vez más, se trata de un límite de gasto récord: el Ejecutivo dispondrá de 226.032 millones de euros para diseñar las cuentas. Un incremento del 6,6% en comparación con el techo que se había fijó para 2025 (14.006 millones más), que nunca llegó a ver la luz al renunciar el Gobierno a presentar las cuentas públicas estatales.
El techo de gasto refleja los fondos de que dispone el Ejecutivo para elaborar los presupuestos, una vez se han descontado las transferencias a las comunidades autónomas para el sistema de financiación. Tampoco incluye el pago de intereses por la deuda pública ni las cuentas de la Seguridad Social. Al menos no directamente, porque una parte del gasto del Estado se irá en transferencias para tapar el déficit del organismo encargado de pagar las pensiones.
El incremento en el límite de desembolso es más moderado que el del ejercicio previo. En noviembre del año pasado, el Gobierno aprobó un techo de gasto de 212.026 millones, que suponía un incremento del 8,5% en comparación con los objetivos adoptados el ejercicio anterior. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado que el límite de gasto supera en un 88% el fijado en 2018 cuando Pedro Sánchez accedió a la presidencia del Gobierno.
El límite de gasto se fija en un ejercicio en el que el Ejecutivo tendrá que hacer un nuevo ajuste fiscal para reducir el déficit público hasta el 1,8% del PIB de cara a 2027. Este año, la meta fiscal es del 2,1%, un objetivo que se antoja complejo por el coste del paquete de ayuda para amortiguar las consecuencias económicas de la guerra en Irán y la revalorización de las pensiones conforme al IPC, que podría rondar el 3,4% este ejercicio.
«Las cuentas públicas que presentaremos incluirán los mayores recursos de la historia en materia de vivienda, becas, dependencia, lucha contra la violencia machista o I+D+i, blindarán nuestro Estado del bienestar, fomentarán la igualdad de oportunidades y garantizarán unos servicios públicos de calidad y con vocación siempre universal», ha destacado Arcadi España durante la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros.
Aprobada la senda de déficit y deuda para las autonomías
Más allá del techo de gasto del Estado, el Gobierno ha dado luz verde también a los objetivos de déficit y deuda que deberán seguir las comunidades autónomas, ayuntamientos y la Seguridad Social los próximos tres años. Unos umbrales que reflejan cómo se repartirán las administraciones el ajuste fiscal pactado con Bruselas.
La senda fiscal, que el Ejecutivo discutió el lunes con las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera -y que la mayoría consideran insuficiente- refleja que el Estado se reserva 1,5 puntos del 1,8% sobre el PIB de déficit para todo el país en 2027. Las autonomías tienen de margen una décima, la Seguridad Social, dos y las corporaciones locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…) deberán cerrar sus presupuestos en equilibrio.
Sin embargo, el Ejecutivo arguye que, de su parte del déficit, la mayoría (1,2 puntos) se irá a financiar las transferencias que el Estado hace a la Seguridad Social para tapar el agujero en las cuentas de este organismo. De hecho, el Gobierno interpreta que, en la práctica, la administración central va a tener el mismo objetivo de déficit que las autonomías.
Teniendo en cuenta las transferencias, la Seguridad Social se quedaría con 1,4 puntos (el 78% de todo el espacio fiscal), mientras que el Estado contaría con 0,2 puntos y las autonomías con otras dos décimas (debido a que las autonomías recibirán el año que viene la recaudación del impuesto a la banca obtenida en 2026).
En cualquier caso, la senda de déficit propuesta por el Gobierno deberá ser respaldada por el Parlamento (no así el techo de gasto, del cual el Ejecutivo solo informa a las Cortes). En caso contrario, los objetivos aprobados este martes serán papel mojado. Los objetivos de estabilidad se votarán el próximo martes en el Congreso donde, todo hace pensar, que volverán a decaer como ya ha sucedido en los últimos años.
Desde Junts ya han anunciado que votarán en contra al proponer el Gobierno la misma senda fiscal que ya decayó a finales del año pasado. Una opinión negativa que, previsiblemente, también compartirán el Partido Popular y Vox cuando la iniciativa llegue al Parlamento, como ya hicieran en ocasiones anteriores.
