La CNMC pone el foco en las hipotecas en plena escalada de precios y crisis de acceso a la vivienda

Publicado: julio 2, 2026, 12:08 pm

Los reguladores intensifican los esfuerzos para poner coto a la crisis de vivienda. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sido la última en poner el foco en el ladrillo a través del mercado hipotecario con la investigación de posibles prácticas anticompetitivas en el ámbito de la intermediación de crédito inmobiliario, que actúan como puente entre los clientes que buscan un crédito y los bancos. En concreto, la CNMC investiga la existencia de posibles prácticas concertadas entre compañías para no robarse empleados, así como la supuesta fijación de precios y condiciones comerciales, 

Las inspecciones representan el paso previo al proceso de investigación y en caso de confirmarse que las empresas afectadas han vulnerado la ley de competencia pueden afrontar multas de hasta el 10% de la facturación obtenida el último ejercicio. Esta actuación se produce después de la apertura de un expediente a los seis grandes bancos españoles por indicios de haber infringido la Ley de Defensa de la Competencia al dar pistas sobre su política comercial hipotecaria. Estos mensajes han permitido a las entidades anticipar el comportamiento futuro de los competidores, que han centrado su estrategia en avisar de que endurecerían el coste del crédito. 

El endurecimiento de las condiciones se produce en un momento de especial dificultad de acceso a la vivienda. La preocupación por este tema ha ido en aumento en el seno del Banco de España (BdE), que tildan esta situación como una «emergencia nacional». El Informe Anual publicado por el organismo hace unas semanas cifra el déficit de casas en una horquilla que va de los 700.000 a los 750.000 inmuebles y dedica un apartado específico a los retos que afronta el mercado. 

El instituto apuesta por combinar medidas específicas sobre la oferta con efectos a medio y largo plazo, así como con actuaciones a corto plazo sobre la demanda. La institución pilotada por José Luis Escrivá aboga por imponer límites a los usos no residenciales como pisos turísticos y de temporada en zonas tensionadas, siempre que su utilización sea temporal y esté muy focalizada. Las casas turísticas suponen un 1,5% del parque total de vivienda, con un peso relativo que alcanza cuotas en torno al 10% del mercado del alquiler. Se trata de la primera vez que el instituto emisor dedica en dicho documento un apartado tan extenso a esta problemática. 

Al mismo tiempo, el Gobierno trabaja para llevar al Consejo de Ministros a lo largo del mes de julio un paquete de medidas en materia de vivienda, que recogerá, entre otras iniciativas, un incremento del IVA del 21% para pisos turísticos o la prórroga de los contratos de alquiler. Las iniciativas se estructurarán en torno a dos bloques: las orientadas a reducir el precio, ofrecer estabilidad en los contratos de alquiler y combatir el fraude en el arrendamiento; así como las dirigidas a movilizar vivienda asequible. El acuerdo está pactado entre PSOE y Sumar, pero para sacarlo adelante necesita más apoyos parlamentarios, como el de Junts, formación que solicita medidas en materia de fiscalidad sobre las que Moncloa está dispuesta a hablar. 

La tensión en el mercado inmobiliario se topa también con unos precios récord. El coste por metro cuadrado cerró abril en los 2.046 euros, según los últimos datos publicados por el Centro de Información Estadística del Notariado. Sin tener en cuenta el efecto de la inflación, nunca antes se había registrado esta cifra. Pese a ello, cualquier equiparación con 2007 -antes del estallido de la burbuja inmobiliaria- se aleja de la realidad, principalmente, porque el sector de la construcción sufre escasez de mano de obra, pero también porque la población ha crecido al calor de la inmigración. 

La situación no es un problema aislado de España ni de las personas de menor renta, sino que también se extiende por toda la Unión Europea y afecta a profesionales cualificados como profesores o personal sanitario, que no encuentran una vivienda que puedan permitirse en su ciudad de trabajo. La Comisión Europea atribuye la crisis de acceso a factores vinculados con los cambios demográficos, entre ellos, el envejecimiento de la población, la reducción del tamaño de los hogares o el incremento de los divorcios, que elevan la necesidad de vivienda más rápido de lo que crece la oferta.