Publicado: julio 2, 2026, 12:07 pm
La imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y de su mano derecha en el Cuerpo, el director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas, llega tras una acumulación de elementos que han alineado a ambos con las maniobras de la fontanera Leire Díez para socavar las investigaciones que perjudicaban al PSOE y al presidente del Gobierno.
LAS REUNIONES. La directora ha acabado reconociendo que había mantenido al menos dos encuentros con Leire Díez, además de comunicaciones telefónicas. Lo hizo solo después de que el material incautado por los investigadores lo hiciera evidente. Inicialmente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había afirmado públicamente que nunca hubo encuentros entre ambos.
Finalmente, a través de un comunicado, González indicó que tras acceder al cargo se reunió en los alrededores de la Dirección General en al menos dos ocasiones. Una tercera, que se da por acreditada, no la recordaba. Aseguró que en ellas no trató nada relativo a las investigaciones en marcha, ciñéndose a una conversación «sobre su situación familiar»,. Por esas fechas y conforme a sus agendas, Leire Díaz centraba su actividad precisamente en esas investigaciones. En el segundo encuentro, la fontanera intercedió por un guardia civil imputado en el caso Koldo, lo que llevó a la directora, según su versión, a zanjar el encuentro.
La Fiscalía, en el escrito en que pide las imputaciones, indica que los informes policiales dejan «constancia de la relación personal» entre ambas y de «la utilización» por parte de Díez de esa relación «para cumplir con los fines de la organización criminal».
LOS EXPEDIENTES. Una de las vías planeadas por la fontanera para lograr su objetivo pasaba por presionar a los investigadores de la UCO con acusaciones de que filtraban información. Tres investigaciones internas se abrieron por indicación de la directora y el DAO. La Fiscalía resalta que en una de sus agendas, Leire Díez anotó: «Investigación interna G.C. para filtraciones».
Anticorrupción considera que hay indicios de que no había justificación para ello, lo que integraría el delito de prevaricación. Y que su objetivo era amedrentar a los miembros de la UCO, lo que añadiría el delito de obstrucción a la Justicia.
«La reiterada apertura de informaciones reservadas exclusivamente respecto de aquellos funcionarios que desarrollaban investigaciones de especial trascendencia, coincidiendo temporalmente con actuaciones procesales particularmente sensibles y carentes de una verdadera justificación disciplinaria, puede constituir un indicio especialmente significativo de que la finalidad real perseguida no era la depuración de eventuales responsabilidades administrativas, sino la generación de un efecto intimidatorio destinado a condicionar el desarrollo de las investigaciones».
LAS PRESIONES. Mandos de la Guardia Civil han dado cuenta a los investigadores de dos reuniones en julio de 2024 en las que se intentó frenar el caso del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así lo declararon quien entonces dirigía la UCO y su antecesor en ese puesto, también presente. En la primera reunión, el entonces director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, recriminó a la UCO sus diligencias en el caso y ordenó que de manera fulminante acabaran su tarea y todo quedara «en nada». Unos días después, el entonces y todavía DAO se presentó en la sede de la UCO y les conminó a ponerse «de perfil» en investigaciones como la del hermano.
LAS EXPLICACIONES. La directora de la Guardia Civil compareció recientemente en el Senado para explicar su actuación. Consideró inverosímil la versión de los dos ex mandos de la UCO. Además, afirmó que tras divulgarse públicamente las maniobras de la fontanera los convocó en su despacho y les informó de los contactos con Leire Díez. Ante el juez Pedraz, ambos mandos negaron que les hubiera informado de ello. A eso se añade que a la UCO se le «ocultó» que el Servicio de Información había elaborado una nota interna en la que se exponían las maniobras de Díez contra esa unidad. Solo cuando la propia UCO presentó al DAO un informe en esa línea supo que ya era algo conocido por la Dirección de la Guardia Civil.
