Publicado: julio 2, 2026, 6:08 am
La renovación accionarial del Movistar Estudiantes afronta un momento decisivo con la entrada en escena del Consejo Superior de Deportes (CSD) para analizar la venta acordada con el inversor español Diego Megía. En menos de un mes, la afición del club colegial ha sido testigo de un nuevo intento fallido de ascenso a la ACB y una venta relámpago envuelta en una batalla entre inversores por hacerse con el control de la entidad. Por si fuera poco, la operación pende del visto bueno del CSD mientras el otro empresario en liza, Jaime Siles, denuncia irregularidades en el proceso y la identidad del inversor que ejecutará finalmente la compra de la mano de Megía sigue sin desvelarse.
Esta última incógnita, indican a este periódico fuentes al tanto de la situación, podría despejarse la semana que viene cuando Sexto Hombre SL, la sociedad constituida el pasado mes para ejecutar la operación, deberá identificar a sus titulares en el depósito de su información registral. Hasta el pasado viernes se daba por hecho que Megía, fundador del fondo Taula Capital y de la fundación Cris contra el Cáncer iba a ser el propietario de las acciones. Sin embargo, un comunicado del propio club introdujo un giro en la operación al matizar que la participación de referencia se traspasará a «un nuevo inversor que cuenta con el sponsorship financiero y con la garantía de Diego Megía». Apenas unos días antes, el empresario había sido presentado por el ‘Estu’ como el «comprador e inversor» de la operación. Consultado por la identidad del nuevo inversor, el club no ha facilitado respuesta a cierre de este artículo.
Fuentes críticas con la venta sostienen que la estructura elegida para la operación responde, entre otros motivos, a la necesidad de sortear los reparos que podría suscitar el origen de los fondos. Estas ponen el foco en que Megía, al igual que su fondo, figura como residente fiscal en la isla de Jersey, un territorio que, si bien no está considerado un paraíso fiscal por la OCDE, cuenta con condiciones impositivas favorables. Esta coyuntura, apuntan, plantearía interrogantes respecto al propio código de conducta del club, cuyos artículos 3.3 y 3.5 obligan a prevenir riesgos de corrupción y blanqueo de capitales en las relaciones de negocio.
Desde el Estudiantes, su presidente y accionista de referencia Ignacio Triana se mostró convencido en la última asamblea de que el CSD acabará autorizando la operación. A su juicio, el organismo debe limitarse a comprobar que el comprador no incurre en incompatibilidades, como la participación en otros clubes de baloncesto que pudieran generar conflictos de interés, y no a realizar valoraciones «subjetivas». En este encuentro también dejó constancia de su confianza en la oferta respaldada por Megía por «la solvencia de los proyectos presentados, la inmediata liquidez y los recursos comprometidos para el futuro de la entidad». En concreto, el acuerdo abarca una oferta de 9 euros por acción del club -unos 6,6 millones de euros-, una ampliación inicial de 6 millones, seguida de otros 9 millones en los próximos años y un préstamo urgente de 1 millón.
Siles denuncia irregularidades en la venta
En esta cita, a la que no acudió Megía, fue latente la tensión entre Siles y Triana cuando protagonizaron un intercambio de reproches en el Magariños. El primero denunció que «las cosas no se han hecho bien» y el segundo cuestionó su comportamiento como «el de alguien que no sabe perder». El choque, explican fuentes conocedoras de la negociación, reside en la segunda oferta que el directivo del fondo australiano IFM y consejero de Naturgy presentó a contrarreloj el viernes junto al empresario Dimas de Andrés Muñoz. La propuesta elevaba el precio hasta los 6,8 millones por las acciones -una prima del 55% sobre su valor nominal- e incorporaba compromisos de patrocinio superiores a los 20 millones, pero no recibió respuesta.
Con la pelota en el tejado del CSD, el Estudiantes afronta ahora un paso clave para determinar su futuro, bajo el desconcierto de una afición poco acostumbrada a tanto interés inversor. Lejos de ser un punto muerto, aquí el reloj no se detiene y el órgano que pende del Gobierno dispone de tres meses para autorizar, o no, la operación mientras el mercado de fichajes sigue su curso y el club debe confeccionar la plantilla que persiga su anhelado ascenso a la categoría reina del baloncesto español.
