Publicado: junio 30, 2026, 1:07 am
«Va a volver a suceder lo mismo este verano». Quien lanza esta advertencia es Sergio Fidalgo, el bombero forestal de Castilla y León que el año pasado se convirtió en el héroe de los incendios que asolaron El Bierzo. El joven de 25 años, no dudó en ponerse su traje de protección y acudir voluntariamente al monte a combatir las llamas, coordinar a brigadistas y civiles y denunciar las negligencias de la gestión. Esta desinteresada actuación le mereció ser galardonado con el prestigioso Premio Trono Popular a la Labor Callada.
La previsión de Fidalgo, quien es miembro miembro de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León, se produce después de que en la anterior campaña, la de 2025, se cerrara con un balance de 143.880 hectáreas quemadas en su comunidad autónoma, una cifra que representa el 40% de la superficie calcinada en toda España. El fuego dejó además un alto coste humano: cuatro profesionales fallecidos y el desalojo de 28.318 personas en un operativo que, según los propios trabajadores, colapsó en apenas 48 horas.
A pesar de la magnitud del desastre, los profesionales de la lucha contra incendios explican que la preparación para el verano de 2026 sigue siendo deficiente. Los planes de prevención de incendios de la Junta de Castilla y León muestran que, aunque se han ampliado los meses de contrato a los bomberos forestales, la cantidad de terreno forestal donde se limpian matorrales y se cuida el monte para evitar fuegos ha caído un total del 7,4% para este año. Denuncian además que se enfrentan a la nueva campaña con equipos de comunicación de los años 70 y brigadas que permanecen inactivas por falta de formación.
La pérdida en el monte tras lo ocurrido en 2025 es, ante todo, personal. El paisaje ya sólo habita en la memoria y el riesgo de que se repita el mismo escenario en 2026 es muy alto. Como recuerda Sara Mateos, agente medioambiental de la región y delegada sindical «lo que se quemó en un mes va a tardar cientos de años en recuperarse».
El vacío emocional en los pueblos se junta con la frustración de quienes apagan los fuegos. «Por vivir en el mundo rural no tienes por qué ser un ciudadano de segunda», denuncian los afectados. «No somos héroes sin capa; somos seres humanos que vamos a trabajar, lo pasamos mal», sentencia Mateos.
En la actualidad, la seguridad de los operarios ante los incendios de sexta generación, fuegos extremos y poco predecibles que afectan a un gran número de hectáreas, depende de una tecnología obsoleta. Relatan que usan sistemas de hace 50 años que fallan continuamente. «Hubo gente que casi se queda atrapada porque es necesaria una comunicación fluida», explica Agustín Argulo, técnico de incendios y delegado de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
La situación empeoró aún más con la pérdida de cobertura telefónica en zonas críticas tras el cambio de proveedor de la Administración. A ello se suma la sustitución de torres de vigilancia humana por cámaras térmicas que confunden el humo con corrimientos de tierras. Fidalgo denuncia además la manipulación de estadísticas: «Usan la excusa de que hay más avisos por el 112, pero las torretas funcionan tres meses y el 112 todo el año».
Se quejan también de que muchos compañeros no trabajan bajo la categoría profesional que les correspondería. Y señalan que la Ley Estatal de 2024, diseñada para reconocer la categoría de bombero forestal y sus riesgos, no se está aplicando en Castilla y León, por lo que el 80% del operativo sigue gestionado por empresas privadas bajo categorías de «peón» o «jardinero». «Vas al médico y le dices que tienes contrato de jardinería, pero estás destrozado por apagar incendios, no pueden hacer nada», ejemplifica Sara Mateos.
Pese a que la catástrofe está aún reciente, los datos de la previsión para 2026 muestran que el área de actuación de la que se ocupan en concreto las cuadrillas terrestres, encargadas de las labores de limpieza y desbroce, ha pasado en un año de 20.184 hectáreas a 18.635; una caída del 7,7% que contradice el discursos institucional de que se han reforzado los medios tras la crisis de 2025. Así, la Administración regional asegura que ha extendido la duración de los contratos de algunos operativos.
En la práctica, explica Sergio Fidalgo, las labores de los operativos se centran prioritariamente en la apertura de zanjas auxiliares de pista y en la recuperación de caminos perdidos por el abandono rural. Todo para facilitar el tránsito rápido de los camiones de bomberos y asegurar la defensa del territorio.
La inversión pública de la Junta de Castilla y León para este año se ha focalizado principalmente en la renovación de medios materiales, dejando en un segundo plano el factor humano. Mediante el uso de fondos europeos Feder, la Junta ha adquirido nuevos vehículos todoterreno, motobombas modernas y maquinaria pesada, pero los sindicatos y trabajadores denuncian que sin la formación adecuada de las plantillas todo ese material avanzado no sirve para gran cosa. Además, la dependencia de empresas privadas dificulta la creación de una estructura profesional fija y estable que conozca el terreno al detalle.
«Si el trabajo de prevención no se desarrolla cuando está lloviendo y no hay incendios, en el verano no tendremos el trabajo hecho y volveremos a depender exclusivamente de la suerte», concluye Agustín Argulo, quien señala que la tragedia del año pasado es una aviso real.
