Publicado: mayo 27, 2026, 2:08 pm
La guerra de Irán y la crisis energética, de las que aún se desconocen las consecuencias reales sobre la economía por la incertidumbre que rodean al conflicto, suponen el mayor riesgo actual para la estabilidad del euro. La advertencia la lanza este miércoles el Banco Central Europeo (BCE) en su último Informe de Estabilidad Financiera.
«La actual crisis de suministro energético plantea riesgos al alza para la inflación y riesgos a la baja para el crecimiento económico», apunta en el documento Luis de Guindos. El vicepresidente de la entidad advierte de que este nuevo shock podría aumentar la volatilidad del mercado y poner en entredicho la capacidad de pago de la deuda, «dado el incremento de los costes de financiación» en un contexto en el que la actividad ha echado el freno.
Hace solo unos días la Comisión Europea rebajaba su previsión de crecimiento para el área del euro hasta el 0,9% este año y al 1,2 % el próximo ejercicio, desde el 1,2 % y el 1,4 %, respectivamente. El emisor incide en que, si bien el sistema financiero global y la economía real habían demostrado una notable resiliencia al inicio de 2026, la crisis geoeconómica provocada por la guerra en Oriente Próximo va a ponerla a prueba.
A este efecto contribuirán también la incertidumbre sobre el comercio mundial y la cooperación internacional, así como los riesgos de ciberseguridad y las amenazas híbridas a la infraestructura crítica, que están aumentando.
«Los mercados financieros se están ajustando a la tensión geoeconómica y a las interrupciones en el suministro de energía». Sin embargo, el BCE cree que los ajustes iniciales de los mercados financieros resultaron efímeros, dejando las valoraciones de las acciones aún elevadas con respecto a los estándares históricos. Al mismo tiempo, las primas de riesgo de los bonos corporativos se han mantenido comprimidas a nivel mundial, por lo que los precios son «vulnerables al nivel inusualmente alto de incertidumbre geopolítica y de políticas públicas», precisa.
Todo esto lleva al BCE a advertir de un «riesgo considerable» de que el sentimiento del mercado financiero se deteriore, ya que los riesgos a la baja relacionados con la evolución geopolítica, fiscal y macrofinanciera «parecen estar subestimados». El organismo cree que las medidas de expansión fiscal en un entorno como el actual podría ejercer mayor presión sobre las finanzas públicas en algunos países de la zona euro altamente endeudados y provocar una reevaluación del riesgo soberano.
Pese a su resiliencia, las entidades no bancarias se enfrentan a riesgos derivados de caídas generalizadas del mercado -ante los bajos niveles de liquidez o las altas valoraciones- y, si bien su situación no supone una «preocupación sistémica» en sí, el BCE considera que la opacidad e interconexión de los mercados privados exige una estrecha vigilancia debido a los riesgos de contagio, especialmente los procedentes de Estados Unidos.
El organismo capitaneado por Christine Lagarde recalca que los bancos de la zona euro han superado con éxito los recientes periodos de incertidumbre, gracias a su sólida rentabilidad y a sus amplias reservas de capital y liquidez. Sin embargo, advierte de que la importancia de las fuentes de financiación no bancarias en su estructura podría exponerlos a riesgos de liquidez y financiación si las condiciones del mercado se volvieran volátiles.
«La calidad de los activos bancarios podría deteriorarse si las condiciones macrofinancieras empeoraran notablemente como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, si bien su exposición directa a la región es limitada y se concentra en unos pocos bancos», apostilla. Con todo, una crisis prolongada podría generar importantes efectos indirectos, sobre todo en el caso de las empresas de la zona euro que operan en sectores sensibles al comercio, la energía y los tipos de interés.
De producirse, estos impactarían a su vez en los hogares a través del mercado laboral o el coste de la vida. El BCE resalta que en un contexto como el actual deben mantenerse los requisitos de colchón de capital vigentes y las medidas dirigidas a los prestatarios para preservar la resiliencia bancaria y garantizar estándares de crédito sólidos.
